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09
Jun
2010

Turismo sanitario y España

Peto Veniam:

A PROPÓSITO DEL PRÓXIMO CONGRESO  DOS NOTICIAS INTERESANTES:

1ª) Asistencia sanitaria de carácter urgente prestada en Francia a español, pensionista de nuestra Seguridad Social, con tarjeta sanitaria europea, desplazado a dicho país (sentencia del Tribunal Supremo de 4-3-2010 –unificación de doctrina-).

2ª) “Los ministros de la UE apoyan la propuesta española para restringir el turismo sanitario”, leído en el País Digital el 8-6-2010.

Sobre la primera:

Brevemente os noticio los hechos. Resulta que un ciudadano español, pensionista de la Seguridad Social Española, con tarjeta sanitaria europea, encontrándose en Francia por motivos familiares, tuvo que ser ingresado urgentemente en un hospital por sufrir una embolia cardiovascular, siendo intervenido quirúrgicamente. Tuvo que abonar unos 250 euros, el equivalente al 20% de los gasto de la intervención. A su regreso a España intereso del INSS el reintegro de gastos sanitarios. El INSS le denegó el reintegro afirmando que “…  el centro de Lyón Bercy, organismo francés competente para determinar las cantidades a reintegrar por gastos sanitarios, según la legislación francesa, que es la de aplicación, nos indica que no procede el reembolso, ya que los abonado por Vd., corresponde al ticket moderador a cargo del asegurado, y que asimismo lo solicitado es un reembolso no contemplado por la legislación francesa de Seguridad Social ..”. En la instancia y el TSJ de la Comunidad Valenciana se mostraron favorables a la tesis del beneficiario y condenaron al INSS a que procediera al reintegro interesado. El Recurso de Casación para Unificación de Doctrina fue resuelto por la sentencia antes referenciada en el sentido de recordar la doctrina ya fijada en la sentencia de 4-4-2000 conforme a la cual “ … en los casos de urgencia vital es indiferente que la asistencia urgente se haya necesitado y producido en España o en extranjero, pues es dable entender que la asistencia sanitaria está garantizada a todos los afiliados a la Seguridad Social cualquier que sea el lugar donde se encuentren cuando se trate de supuestos que exijan una atención inmediata por existir peligro para la vida o la integridad física del beneficiario de conformidad con el entonces aplicable artículo 18 de Decreto 2766/1967” (supuesto después regulado de forma similar en el artículo 5.3 del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, …)” hoy sería el art. 4.3 del RD. 1030/2006, 15 septiembre.

Realmente lo más interesante de esta sentencia –a mi modo de ver- está en varios aspectos que se analizan, a saber: a) Sobre la objeción del Ministerio Fiscal acerca de la competencia funcional de la Sala –el Ministerio Fiscal dudaba a tenor de la cuantía reclamada que alcanzara el mínimo previsto y que además no constaba una situación de conflicto generalizado-  de la doctrina sobre  la “afectación general”, en este aspecto es interesante el resumen de la doctrina de la Sala sobre el particular que se contiene en el Fundamento de Derecho Segundo; y b) Si había o no contradicción –con la sentencia de contraste que se utiliza que era del TSJ del País Vasco de 15-10-2002, y que el Ministerio Fiscal pone en duda por que lo allí discutido en la aplicación era la infracción del artículo 34.1 del Reglamento 574/1972 y que lo aquí cuestionado es la aplicación que se hizo en la instancia de los artículos 21, 31 y 34 del Reglamento 1408/1971; lo que recuerda la Sala es que las sentencias comparadas (la Vasca y la Valenciana) no aplican normas distintas, sino que por el contrario interpretan y aplican preceptos de los Reglamentos CE del Consejo 1408/1971 y 574/1972, de 21 de marzo; normas reglamentarias totalmente interrelacionadas hasta el punto que la segunda fija las modalidades de aplicación de la primera, sin que la circunstancia de que la sentencia de contraste no cite ni analice expresamente el art. 34.1 del Reglamento 574/1972, pueda suponer un obstáculo para desvirtuar la contradicción.

En cuanto a la segunda noticia, la propuesta española para la prestación sanitaria transfronteriza, que en síntesis –por lo que he leído- supone que hay una regla general: el país de residencia del paciente será el que costee su tratamiento; y que para el caso de que decida volver a su país natal (o al de afiliación) para tratarse será este que se haga cargo del coste de la prestación, incluso aunque este tuviera su domicilio en otro, me parece que realmente lo que viene a intentar –habrá que verla con mayor detenimiento- es bloquear la propuesta Sueca que pretendía que si un residente en el extranjero –estando enfermo y por tanto en tratamiento- vuelve a su país, la factura por asistencia sanitaria debería de ser abonada por el país de residencia. Al final va a servir para algo la Presidencia Española.

Guillermo Rodríguez Iniesta

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