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22
Abr
2013

Preocupación ante la comisión de expertos nombrada por el Gobierno

Comisión de expertos del factor de sostenibilidad: Perplejidad y preocupación

 

Desde su creación en el año 2004, la Asociación Española de Salud y de Seguridad Social (AESSS( ha venido planteando la defensa del sistema público de la Seguridad Social, como elementos esencial para lograr una cobertura social adecuada de la población, así como un elementos esencial de cohesión social y de lucha contra la pobreza.

Por ello, las mujeres y los hombres que forman parte de la AESS o que comparten sus objetivos siempre hemos defendido la adecuación del sistema español de Seguridad Social a los cambios de las demandas de la sociedad y a las variaciones del entorno económico en que el sistema se desenvuelve y saludado las reformas que se han ido incorporando como medio de fortalecer los objetivos básicos de lograr unas prestaciones suficientes, en un entorno de viabilidad y sostenibilidad del sistema. Esa defensa de la adaptación del sistema y de las reformas que “apuntalen” el armazón del sistema no impide –sino que es compatible- con la sana crítica de esas mismas reformas, cuando la AESSS ha considerado que las mismas podían apartarse de esos objetivos de fortalecimiento del sistema.

En este marco, la AESSS valora positivamente la incorporación de mecanismos de adecuación del sistema de pensiones a la realidad del entorno social y económico en que ese mismo sistema se desarrolla y, en principio, no se opone al establecimiento del “factor de sostenibilidad”, a que ya aludía el artículo 8º de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, con las matizaciones incorporadas a través del artículo 18.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  Al mismo tiempo, compartía la idea subyacente en la formulación de la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, sobre que la propuesta inicial de la implantación del factor de sostenibilidad, dentro del sistema español de pensiones, fuera formulada por un comité de expertos independientes, y que dicha propuesta fuera debatida, previamente a su inclusión en la correspondiente disposición normativa, por la Comisión del Pacto de Toledo.

No cabe duda que dotar a la regulación de mecanismos de ajuste automático del sistema de pensiones (que es lo que significa el denominado “factor de sostenibilidad) de un barniz de experiencia e independencia implica un valor añadido sobre la alternativa de una propuesta que naciera directamente de la Administración. Y si, además, esta propuesta de expertos independientes es objeto de debate, en el ámbito de la representación general,  previamente a su inclusión en la correspondiente iniciativa parlamentaria, todo ello supondrá que el resultado final cuente con un respaldo científico y académico y de un respaldo político (si, en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, se pudiese alcanzar un respaldo unánime –como suele haber sucedido en los informes que se han aprobado sobre la evolución del sistema de la Seguridad Social) y social (si también la iniciativa contase con el respaldo de las organizaciones sindicales, como ha sucedido en algunos sistemas en los que se han incorporado mecanismos similares, como ha podido ser en los casos de los sistemas alemán y sueco).

Sin embargo, esa valoración inicial de la AESSSS ha de producirse con cautela, una vez que se ha conocido la composición de la Comisión de expertos para la elaboración del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones, composición que para la AESSS es motivo de perplejidad y de preocupación.

Perplejidad por el sesgo que tiene la composición de la Comisión y por el casi olvido que se tiene de los profesionales del ámbito jurídico. El Real Decreto Ley 5/2013 se refiere a una Comisión de expertos, que es de suponer –dado el ámbito sobre el que va a operar el  factos de sostenibilidad- que deberían ser expertos relacionados con el ámbito de la Seguridad Social. Pues bien, se si analiza el perfil de cada todos y cada uno de los componentes de la Comisión señalada puede concluirse en el viejo dicho de que “no son todos los que están, ni están todos los que son”. Y no son todos los que están, puesto que algunos de los perfiles profesionales de las personas designadas nada tienen que ver con la Seguridad Social, al tiempo que se echa de menos la presencia de, en principio, los profesionales que, desde la vertiente económica y matemática, están más relacionados con la Seguridad Social, como son los profesionales académicos o no de los ámbitos actuariales y matemático-financiero.

Pero la perplejidad de las AESSS es mayor por el fuerte desequilibrio que se produce en la Comisión entre los denominados expertos que provienen del mundo económico, en relación con los pertenecientes al mundo jurídico, cuya presencia se limita  a una sola personas (eso sí, catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y miembro de la AESSS, designación que saluda efusivamente), presencia que es más reducida no solo que las personas de esa Comisión de los ámbitos económicos, sino también de quinetes tienen unos perfiles o trayectorias totalmente ajenas a la Seguridad Social o con conexiones menores.

De la composición de la Comisión de expertos sobre el factor de sostenibilidad podría deducirse una falta de “sensibilidad jurídica” de los actuales responsables políticos de la Seguridad Social  y un desconocimiento sobre que, aunque el factor de sostenibilidad pueda expresarse desde una vertiente económica y trasladarse sobre complejas fórmulas actuariales, al final todo ello se proyecta sobre una realidad, los derechos de Seguridad Social de miles y miles de ciudadanas y ciudadanos, que demandan la concreción de esos derechos en una formulación jurídica (las correspondientes solicitudes o reclamaciones administrativa o demandas ante la jurisdicción social), demandas que han de ser satisfechas (o denegadas) también mediantes actos jurídicos, lo sean resoluciones administrativas, o judiciales, mediante las correspondientes sentencias de juzgados y tribunales.

Partiendo de esta realidad, es por lo que la AESSS muestra su perplejidad ante la composición de la Comisión de Expertos  y alerta de las consecuencias de obviar las exigencias jurídicas en el establecimiento de derechos y obligaciones de Seguridad Social. Los recientes ejemplos de la Sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, de 22 de noviembre (caso Elbal Moreno) o de la sentencia 61/2003, del Tribunal Constitucional. De 14 de marzo de 2013, ambas sobre la regulación española de Seguridad Social aplicada a las personas contratadas a tiempo parcial, debería haber si un “aviso de navegantes” de las autoridades españolas y de las consecuencias que, para la sostenibilidad y viabilidad al medio plazo del sistema de Seguridad Social, puede tener efectuar regulaciones atendiendo únicamente condicionamientos económicos, olvidando los requerimientos jurídicos.

Pero, además de la perplejidad en la composición de la Comisión de expertos, la AESSS quiere mostrar su preocupación por los trabajos de la misma y la orientación de las propuestas que pueden formular, a la vista de las relaciones –directas o indirectas- de algunos de los componentes de la misma con la Organización empresarial del seguro privado o de las entidades financieras.

Esas relaciones que se  han ido conociendo en los últimos días y que, incluso, han sido puestas de manifiesto en sede parlamentaria ponen en duda el carácter de “independientes” que el Real Decreto Ley 5/2013  configuraba como una de las características (además de la experiencia en el ámbito de la Seguridad Social) que debían adornar a las personas que fuesen designadas para formar parte de la Comisión de Expertos. Y esta situación no deja de ser preocupante, ya que las propuestas de reforma que deban incorporarse al sistema de la Seguridad Social, en orden a lograr la suficiencia de las prestaciones y la sostenibilidad del sistema, han de venir presididas por unas notas de transparencia, claridad e independencia, notas que pueden ser incompatibles con la existencia de intereses, ajenos a la Seguridad Social, de otras instancias.

Desde esta vertiente, la AESSS va a mostrarse exigente en la que las propuestas que puedan derivarse de la Comisión de expertos para la implantación del factor de sostenibilidad se caractericen por la sencillez en su planteamiento, la transparencia en su formulación, el respeto a las exigencias del ordenamiento jurídico y su adecuación al mandato legal, que no es otro que la incorporación de mecanismos de sostenibilidad del sistema de pensiones, pero nunca para, aprovechando la incorporación de ese factor y la delicada situación económica del sistema, derivado de la crisis económica en la que estamos insertos, se pretenda atender otros objetivos, en orden a la sustitución del actual sistema público de reparto, basado en la contribución, la equidad y la solidaridad, por otro modelo que, auspiciado desde el seguro privado, implica –y ello debería ponerse claramente de manifiesto a la ciudadanía- una reducción muy fuerte del nivel de protección.

Cualquier actuación que pudiera plantearse en esa dirección contaría con la oposición y la denuncia de una Asociación (y de las mujeres y hombres que forman parte de la misma o que comparten sus objetivos o ideales) que, desde su creación, siempre ha tenido como hoja de ruta la defensa de un sistema público de pensiones, que pronto cumplirá cien años de antigüedad y que, con las reformas y adaptaciones que han sido precisas, ha podido cumplir un papel esencial en la cobertura social de las necesidades económicas de la ciudadanía,  en la posibilidad que las personas que se retiraban de la actividad o que se invalidaban pudiesen contar  con un nivel de vida digno y que ha constituido un dique básico contra las consecuencias de la pobreza y la exclusión social.

 

La Junta directiva de la AESSS

 

 

 

 

 

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