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09
Jul
2014

Comunicado de AESSS a la opinión pública con motivo del RDL 8/2014

Comunicado de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social a la opinión pública

 

Tarifa plana y tarifa joven de la Seguridad Social: la inconsistencia de una sostenibilidad

La Asociación Española de Salud y Seguridad Social manifiesta su enorme preocupación por los últimos Decretos-Leyes a cuya virtud se pretende impulsar la contratación de desempleados mediante rebajas sustanciales en las obligaciones de cotización de las empresas para con la Seguridad Social. El último de ellos, el RDL 8/2014, una norma ómnibus en la que se regulan aspectos tan dispersos como los horarios comerciales, el régimen de las empresas cinematográficas, las prospecciones petrolíferas o el ampuloso Sistema de Garantía Juvenil, vuelve a marcar una senda ya reiterada anteriormente de menguar los ingresos de una precaria tesorería con el pretexto de impulsar un contratación laboral exhausta por las medidas de flexibilidad.

Con independencia de que tales incentivos provocan en realidad un efecto sustitución, es decir, no crean empleo neto sino que determinan el empleo de los integrantes de un colectivo en lugar de los de otros –mayores de 45 años, desempleados de larga duración, mujeres con responsabilidades familiares, minusválidos, etc.-, y de que según la teoría económica el impacto de tales incentivos se halla muy desacreditado, pues se considera como una “lluvia de mayo” que refuerza una decisión ya tomada, pero en muy pocos casos mueve por sí misma a emplear, estas atractivas reducciones suponen otras tantas vías de agua para un barco que atraviesa momentos difíciles en varios de sus parámetros de gasto, como el de las prestaciones por desempleo o las pensiones, por lo que deberían suprimirse en todas sus fórmulas. Solo la tarifa plana de 100 euros costará en torno a unos 4.000 millones a la Seguridad Social si consigue tener “éxito”.

Estamos de acuerdo en que de manera temporal o permanente parecen necesarias nuevas vías de financiación para dotar al Sistema de solidez económica, pero no de esta forma peligrosa que apunta directamente al empobrecimiento de unos mecanismos tan vitales para una gran parte de la población como son los de protección social no supeditados a la capacidad financiera de las familias. Si el legislador desea incentivar la contratación de parados, las fórmulas apropiadas son las de las políticas activas de empleo o relacionadas con ellas, como por ejemplo las bonificaciones con cargo a los fondos del SEPES. Y si lo que en realidad pretende el legislador es el apoyo  a las empresas, el camino más recto consiste en rebajar las cotizaciones de las mismas con cargo a los ingresos del Estado –un punto del IVA dedicado a reducir las cotizaciones, por ejemplo-, o incluso a los intereses del Fondo de Reserva, pero no imputarlo a los magros recursos de las pensiones y poner en riesgo la protección de los más necesitados, que son legión en el momento presente.

No entendemos, a mayor abundamiento, la contradicción en que el legislador incurre al establecer unos factores de sostenibilidad que en definitiva apuntan a congelar o reducir las pensiones, so pretexto de la falta de recursos del sistema, y simultáneamente acudir reiteradamente a la caja del mismo para unas aventuras de corte moderno e imaginativo pero de resultado incierto como son esas tarifas planas. Más aún cuando el mismo gobierno que promueve las medidas acaba de detraer 5.400 millones de euros del Fondo de Reserva para abonar la paga extraordinaria de los pensionistas. El principio de separación de fuentes de financiación, proclamado en los Pactos de Toledo y que con tanto esfuerzo se ha puesto en marcha al cabo de los años, salta por los aires con estas medidas de fomento del empleo. Medidas que además contradicen frontalmente las Recomendaciones de Consejo Europeo de 28 de junio de 2013.

Solicitamos al legislador que suprima radicalmente cualquier frivolidad que pueda poner en peligro una institución tan importante como es la Seguridad Social y que sanee las cuentas del sistema con decisión, con vistas no solo a mantener, sino a mejorar la capacidad protectora del mismo frente al infortunio y simultáneamente el coste de sus mecanismos. Esos miles de millones que se van a perder en financiar a las empresas –nos referimos a las reducciones creadas por los Reales Decretos-Ley 4/2013, 3/2014, 8/2014 y todos los anteriores aún vigentes-  deberían salir de otros bolsillos, a no ser que lo pretendido consista en agudizar la crisis de la institución para mejor justificar un cambio de modelo. En cuyo caso nos permitimos recordar los enormes trastornos que implica semejante cambio privatizador, y las enseñanzas que ha deparado el fracaso del modelo chileno.

La Seguridad Social está haciendo un esfuerzo extraordinario en apoyo de la sostenibilidad del país, si tenemos en cuenta de que, por ejemplo, el 97,5 por 100 de su Fondo de Reserva se encuentra invertido en deuda del Estado. Sus prestaciones y pensiones, además, contribuyen decisivamente a la estabilidad del país en momentos tan angustiosos como los actuales, de los que la economía mundial parece ir saliendo. Respetemos, en justa reciprocidad, a tan augusta institución, y dejemos de agujerear sus bolsillos como si estuviéramos interesados en su quiebra.

Madrid, julio de 2014

Asociación Española de Salud y Seguridad Social

Firman por la Asociación:

Antonio Ojeda Avilés, presidente, catedrático de la Universidad de Sevilla; Carlos García de Cortázar y Nebreda, vicepresidente; Alejandro Slocker Torres, secretario general; Guillermo Rodríguez Iniesta, tesorero, profesor de la Universidad de Murcia; Daniel Hernández, vocal, actuario de la Seguridad Social; Francisco Rodríguez Santana, vocal, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; José Ignacio García Ninet, vocal, catedrático de la Universidad Central de Barcelona; José Luis Tortuero Plaza, vocal, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid; Tomás Sala Franco, catedrático de la Universidad de Valencia; Juan Manuel Ramírez Martínez, catedrático de la Universidad de Valencia; Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático de la Universidad de Tenerife-La Laguna; José Luis Monereo Pérez, catedrático de la Universidad de Granada; Jesús Martínez Girón, catedrático de la Universidad de A Coruña; Margarita Ramos Quintana, catedrática de la Universidad de Tenerife-La Laguna; Juan J. Fernández Domínguez, catedrático de la Universidad de León; Rosa Quesada Segura, catedrática de la Universidad de Málaga; José L. Goñi Sein, catedrático de la Universidad de Navarra; Pilar Rojas Rivero, catedrática de la Universidad de Tenerife-La Laguna; Jaime Cabeza Pereiro, catedrático de la Universidad de Vigo; José Luján Alcaraz, catedrático de a Universidad de Murcia;  Juan Gorelli Hernández, catedrático de la Universidad de Huelva; Aránzazu Vicente Palacio, catedrática de la Universidad Jaume I de Castellón; Olga Fotinopoulou Basurko, profesora titular de la Universidad del País Vasco.

 

 

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