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01
Sep
2014

Ponencia Prof. García Viña al XI Congreso AESSS

El fraude en la Seguridad social

 

Prof. Jordi García Viña

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Barcelona

Director de Relaciones Laborales. CEOE

 

Sumario. 1. La seguridad Social y la crisis. 2. Economía sumergida, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social. 3. Medidas aplicadas para reducir la economía sumergida. 4. El Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. 5. Propuestas. Bibliografía

 

1)    La Seguridad Social y la crisis

 

La Seguridad Social, en su vertiente de fundamento del Estado del bienestar, sobre todo en Europa, está siendo también muy afectada por la crisis económica.

 

Según un estudio realizado por la Asociación Internacional de Seguridad Social, los ingresos de la seguridad social han disminuido significativamente a causa de la crisis[1]: se ha producido una pérdida de ingresos, debida, sobre todo, a la disminución de las contribuciones y de los ingresos derivados de las inversiones, a la caída de las subvenciones de los gobiernos y de las subvenciones cruzadas entre regímenes, y al incremento de los impagos y las reservas de la seguridad social también han disminuido[2].

 

Además de la caída de ingresos y reservas, el gasto de la seguridad social ha crecido considerablemente debido al incremento de la demanda de prestaciones por desempleo, vivienda y asistencia social. Hay indicios de que los cuidados de salud están aumentando como efecto derivado de la crisis[3].

 

La viabilidad de las pensiones depende de su capacidad para cubrir los objetivos sociales de forma continua manteniendo al mismo tiempo otros importantes objetivos políticos, como son unas finanzas públicas saneadas y la justicia entre las generaciones. La viabilidad no puede venir de uno o varios elementos aislados. Unos altos índices de crecimiento económico y de aumento del empleo son esenciales y contribuirán mucho a la viabilidad.

 

Simultáneamente, las reformas de los propios regímenes de pensiones ayudarán a hacerlos viables, sobre todo de cara a las incertidumbres que plantea la cuestión a largo plazo. Las reformas deben afrontar los retos que se avecinan, ser creíbles, transparentes y claras en su impacto.

 

Dentro de las propuestas a realizar, que son diversas, una de ellas, posiblemente en una posición destacada, sea la lucha contra la economía sumergida, cuya incidencia es fundamental en la Seguridad Social[4].

 

2)    Economía sumergida, empleo irregular y fraude a la Seguridad Social

 

La economía sumergida alcanzó a finales de 2013 un valor total estimado de 195.600 millones de euros, lo que supone un 18,6% del PIB, ligeramente inferior al de 201.300 millones de euros (un 19% del PIB) contabilizado al cierre de 2012[5].

 

La situación de España se compara mal con la de otros países europeos. El último informe de Schneider señala que en países como Francia y Alemania la economía sumergida alcanza de media el 15-16% del PIB mientras Suecia y los países escandinavos se sitúan entre el 17,4 y el 18,5%. Italia se sitúa en el 26,9% frente al 22,8% de España y el 20,3% de la media de la OCDE[6].

 

Asimismo, la evolución temporal no es clara. La economía sumergida ha caído desde 2007, año de comienzo de la crisis, tanto en Europa como en la OCDE. Se aprecia un aumento en España ya que en 2009 la economía sumergida representaba el 23,3% mientras que en 2013 admitía una subida hasta el 24,6%. Esta diferencia, en cualquier caso, no son 60.000 millones de euros.

 

Es cierto que el fraude del IVA y de la Seguridad Social se ha incrementado, pero no es menos cierto que el origen de gran parte de la economía sumergida antes de la crisis estaba relacionada con el sector inmobiliario, y este ha caído drásticamente.

 

Estos datos sitúan a España, junto con Portugal, en el tercer puesto entre los países de Europa Occidental cuya economía sumergida equivale a un porcentaje mayor respecto al PIB. Por volumen total de economía sumergida en euros, España sería el quinto país del ranking, por detrás de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido.

 

La economía sumergida tiene un gran tamaño en España, que supera a las de la mayoría de los países de Europa Occidental, aunque se mantiene en un nivel similar al de la media europea (18,5%), un total de 2,15 billones de euros. Además, el peso de la economía sumergida en España no ha cambiado sustancialmente respecto a los datos de 2008, y se concentra especialmente en los sectores de la construcción, industria, comercios, restaurantes e inmobiliarias.

 

La economía sumergida consiste especialmente en trabajos y en ventas no declaradas, que, de centrarse en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas podría significar reducir la economía sumergida en España en unos 23.400 millones de euros, un 11,6% del total estimado actualmente. Este tipo de práctica se concentra en los sectores de ventas de coches y recambios, bares y restaurantes, taxis, autobuses y transporte comercial, alojamientos de bajo coste, tiendas de venta no especializada y servicios de comedor y catering.

 

El problema de la economía sumergida no es nuevo, ni en España, ni en los países de nuestro entorno económico, ya que siempre ha existido una preocupación por su existencia, falta de control, tamaño y evolución y no cabe duda de los numerosos efectos negativos que tiene en la economía, tanto desde un punto de vista macroeconómico, como microeconómico, y la incertidumbre que genera en los ciudadanos y en las empresas que sí cumplen con sus deberes laborales y de Seguridad Social.

 

Al margen de las razones de equidad que puedan existir, cuestión no baladí, la bolsa de economía subterránea española ofrece una imagen distorsionada de la verdadera situación de la economía, cuyos efectos principales son la deformación de los principales datos generales, penalizar la capacidad recaudatoria, dificultar la consolidación fiscal y hacer más compleja la toma de decisiones de política económica[7].

 

El conocimiento de la economía sumergida ha sido tradicionalmente un tema de preocupación[8]. De hecho, no se trata de una cuestión nueva, sino de una materia que ha cobrado una especial relevancia dada la situación de crisis mundial y la extraordinaria cifra que puede haber alcanzado. Según un estudio realizado en noviembre de 2011, cubre el 98,2% de los países del mundo y el 92,4% de su población y el tamaño de la economía sumergida mundial alcanza 11,1 billones dólares o el equivalente al 18,1% del PIB mundial[9].

 

En España, donde la crisis está siendo especialmente virulenta, con una importante recesión, paro elevado y gran caída de los ingresos de las Administraciones Públicas, la sospecha de que una gran parte de la actividad económica se realiza en el ámbito de la economía no declarada, suscita mayores debates en relación a su actuación como vía para salir de esta compleja situación económica, así como para reforzar el compromiso moral de la sociedad.

 

También la crisis económica en España ha hecho cambiar la percepción ciudadana respecto a la economía irregular. Según un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, en 2011, un 67% de los ciudadanos consideraba que no se podía justificar el fraude fiscal frente a un 51% que opinaba igualmente en 2007. Y sólo un 25% consideraba que hay circunstancias que la pueden justificar frente a un 41% que pensaba así en 2007[10].

 

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de analizar el fenómeno de la economía sumergida es tratar de definir dicho concepto, ya que no es único. Así, la Comisión Europea se refiere a la economía sumergida como aquella actividad remunerada que siendo legal en cuanto a su naturaleza, no es declarada a las autoridades públicas[11]. En cambio, para la OCDE, este fenómeno comprende aquellas actividades que son productivas en sentido económico, y relativamente legales (dependiendo de los estándares y regulaciones locales), pero son ocultadas deliberadamente a las autoridades públicas[12].

 

Como se puede observar en estas definiciones, la única diferencia, entre actividades regulares y sumergidas es que éstas no son declaradas a las autoridades fiscales, laborales o a la seguridad social o lo son parcialmente de modo que una parte de la actividad es oficial y otra parte se mantiene encubierta. Por supuesto, desde el momento en que son ocultadas, totalmente o en parte, y no se cumplen las obligaciones tributarias o contributivas se convierten en actividades irregulares. Por tanto, se ha de incluir, si se pretende ser exhaustivo, tanto el denominado fraude fiscal, como las situaciones no declaradas en el ámbito laboral.

 

Ahora bien, normalmente no se trata de conductas delictivas, sino de actividades que suelen ser aceptadas socialmente, y que no pagan impuestos fiscales, como por ejemplo, prestaciones de servicios por parte de trabajadores independientes que no pagan IVA o actividades sin la correspondiente retención y liquidación del IRPF, personas que perciben indebidamente prestaciones de la Seguridad social[13], empresas que venden sus productos o prestan sus servicios sin cumplir los requisitos legales derivados de las normas tributarias, laborales o de Seguridad Social (economía informal) o personas que trabajan sin que hayan sido dados de alta a la Seguridad Social, que no se cotice por ellos, total o parcialmente y/o que perciban una parte de su salario de manera “extra-oficial”.

 

Entonces, cuáles son las causas directas e indirectas de la existencia de la economía sumergida. Son diversas, pero pueden ser resumidas en las siguientes[14]:

 

ü  Elevada presión fiscal.

ü  Percepción de que la relación entre los impuestos que se pagan y los servicios y prestaciones que se reciben no es la adecuada.

ü  Excesiva regulación y complejidad de las obligaciones tributarias, laborales y administrativas.

ü  Impunidad de los que defraudan.

ü  Falta de honradez o de conciencia cívica.

ü  Ineficacia de la lucha para combatirla.

 

Además, la existencia de economía no declarada en una sociedad supone una grave anomalía para su correcto funcionamiento por las siguientes razones[15]:

 

ü  Genera problemas de equidad, tanto por el lado del gasto como de los ingresos públicos ya que se generan asimetrías en la provisión de servicios y en la carga impositiva soportada, así como desde el punto de vista interregional e internacional.

ü  Plantea problemas de eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de servicios por el Estado.

ü  Produce pérdidas recaudatorias para el sector público que limitan las actuaciones de cualquier política estatal.

ü  Distorsiona la competencia empresarial al situar las actividades no declaradas al margen del pago de impuestos, de cargas laborales o de requerimientos burocráticos y administrativos.

ü  Provoca desviaciones en las estadísticas económicas oficiales (PIB, renta disponible, paro,…), que a su vez impiden un adecuado diagnóstico de los problemas socioeconómicos y una correcta toma de decisiones.

ü  Se producen problemas de desigualdad entre ciudadanos y menoscabo de los derechos de los trabajadores contratados de forma irregular.

 

Es evidente que según el estudio de Schneider, si la economía sumergida en Europa equivalente al 18,5% de la actividad económica europea, esta realidad se ha de situar en el primer plano de la actualidad, en estos días en que los Estados buscan equilibrar las cuentas públicas, la necesidad de reducir el tamaño de la economía no declarada por medio de medidas preventivas, más control e inspección y mayores sanciones, o concienciando a los ciudadanos de los perjuicios que su existencia causa a la sociedad.

 

Por un lado, casi dos tercios del volumen estimado se concentra en los cinco mayores países europeos -Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España- en términos absolutos. Sin embargo, en los países del este europeo su tamaño relativo (respecto al producto interior bruto) es mucho mayor. Así, en países como Bulgaria, Croacia, Lituania y Estonia el tamaño de su economía irregular se cifra en casi un 30% del PIB. Austria y Suiza tienen los niveles más bajos, del 7% y del 8% respectivamente de su PIB, como se observa en el siguiente gráfico y tabla.

 

Gráfico número 1. Economía sumergida en relación al PIB

 

 

Fuente: Informe ATKearney/VISA 2013 (en millardos de euros)

 

 

Tabla número 1. Economía sumergida en relación al PIB

 

Economía sumergida

PIB

Economía sumergida como porcentaje del PIB

Alemania

351

2698

13,00 %

Francia

204

2062

10,00 %

Inglaterra

189

1950

10,00 %

Bélgica

63

385

16,00 %

Suecia

59

423

14,00 %

Noruega

67

416

14,00 %

Países Bajos

55

607

9,00 %

Suiza

36

507

7,00 %

Dinamarca

32

250

13,00 %

Finlandia

26

199

13,00 %

Austria

24

319

8,00 %

Irlanda

20

167

12,00 %

Italia

333

1577

21,00 %

España

196

1052

19,00 %

Turquía

177

667

26,00 %

Grecia

43

183

24,00 %

Portugal

31

164

19,00 %

Polonia

95

400

24,00 %

Rumania

40

139

28,00 %

República Checa

24

154

15,00 %

Hungría

23

103

22,00 %

Bulgaria

13

41

31,00 %

Croacia

13

45

28,00 %

Eslovaquia

11

74

15,00 %

Lituania

10

35

28,00 %

Eslovenia

8

35

23,00 %

Letonia

6

24

25,00 %

Estonia

5

18

28,00 %

 

Fuente: Informe ATKearney/VISA 2013 (en millardos de euros)

 

Según los datos de este informe, el importe estimado de la economía no declarada en España asciende a 196.000 millones de euros, lo que supone un 18,6% del PIB, similar al 18,5% de media en el resto de los países analizados pero muy alejado del de otros Estados europeos como Alemania (13%), Austria, Holanda o Suiza (por debajo del 10% del PIB), y de Francia y Reino Unido (en torno al 10%).

 

Si la economía sumergida se analiza desde un punto de vista de su evolución, se puede constatar que su nivel en Europa se sitúa en la actualidad en la cota más baja de los últimos 10 años; de hecho, ha descendido desde el 22,4% del PIB europeo en 2003 hasta el 18,5% en 2013, y se distribuye de forma desigual entre los países de las regiones europeas marcando claras diferencias entre norte-sur y este-oeste en lo que al tamaño de su economía sumergida se refiere.

 

De esta manera, hasta el año 2008 se había producido una disminución progresiva del porcentaje de economía sumergida respecto al PIB en todos los países y que a partir de entonces, tras un repunte en 2009, se ha mantenido ligeramente descendente hasta los niveles actuales.

 

En España, la tendencia es la misma. Ha habido una disminución desde los niveles de 2003 (22,2% del PIB) hasta los actuales. Comparando este comportamiento descendente con el de los países europeos más relevantes se puede observar que si bien las curvas son similares, con la misma tendencia a lo largo del ciclo, el nivel de la economía sumergida ha sido recurrentemente superior en Italia respecto a España (en porcentaje del PIB) que, a su vez, ha sido muy superior a los existentes en Austria, Holanda, Francia o Reino Unido.

 

En cuanto a las características que determinan el volumen de la economía sumergida, hay que tener en cuenta que en momentos de crisis económica, incremento del desempleo, descenso de los ingresos e incertidumbres sobre el futuro, las personas suelen intentar sumergir algunas de sus actividades. Con este comportamiento se consigue una consecuencia inmediata, liberar estas actividades de los correspondientes impuestos, con lo que se incrementan las finanzas particulares, compensando el descenso de ingresos regulares.

 

Este comportamiento se refleja claramente en la economía europea desde el inicio de la crisis, ya que el tamaño de la economía sumergida tiene una elevada correlación negativa con los ciclos económicos, como se puede observar en el siguiente gráfico.

 

Gráfico número 2. Evolución de la economía sumergida en Europa

 

 

 

Gráfico número 3. Evolución de la economía sumergida como porcentaje del PIB

 

 

Fuente (en ambos casos): Schneider, F y Kepler, J, Universidad de Linz, Austria; Eurostat. A.T.Kearney Analysis 2013

 

Como se puede comprobar en estos gráficos, el volumen de economía sumergida en valores absolutos, ha crecido de manera ininterrumpida entre los años 2003 y 2008 pero a tasas inferiores de lo que ha crecido la actividad económica “oficial”:

 

 

Crecimiento PIB Crecimiento economía sumergida

23, 4 %

7,9 %

 

Esta diferente tasa de aumento ha producido un descenso del peso de la economía irregular sobre el PIB en este periodo. Así, en 2009, primer año completo que se ha visto afectado por la crisis, la economía sumergida descendió levemente en valores absolutos pero menos de lo que lo ha hizo el PIB, lo que supuso un repunte de 0,5 puntos porcentuales en términos relativos. A partir de 2010, debido a la ligera recuperación de la economía, los niveles de economía irregular han recuperado cifras anteriores (2,1 billones de euros) y se han mantenido estables desde entonces. Asimismo, la ratio sobre PIB medio se ha situado de forma recurrente en el entorno del 19%, lo que supone una evolución similar de la economía oficial y de la sumergida, aunque es probable que a medida que se produzca la recuperación económica, descenderá la economía sumergida.

 

En esta línea, un informe de Eurofound muestra una relevante correlación estadística entre los tipos de medidas seguidos por los diferentes países y el tamaño de su economía sumergida[16], cuyas conclusiones son las siguientes:

 

1

Los Estados de la UE con más carga impositiva media sobre los ingresos del trabajo no tienen una mayor economía sumergida.

2

Los Estados con menor carga impositiva media sobre las rentas del trabajo no están significativamente correlacionados con un menor tamaño de su economía sumergida.

3

No existe evidencia de que la intervención pública en el mercado laboral incremente la economía sumergida. Hay, por el contrario, una correlación estadística significativa entre una mayor intervención en el mercado laboral y la reducción del tamaño de la economía no declarada.

4

Los países en los que hay un mayor gasto en protección social en porcentaje del PIB tienen menor economía irregular.

5

Los países con mayor redistribución de la renta tienen un menor tamaño de economía sumergida.

6

En los regímenes con una mayor igualdad social el tamaño de su economía sumergida es menor que en los países con mayores desigualdades sociales.

 

El informe concluye que aunque no se puede hablar de una relación causa efecto, el mayor tamaño de la economía sumergida se debe a unos menores niveles de desarrollo, de bienestar social y de regulación. También indica que no existe correlación entre mayores tasas impositivas y mayor economía no declarada. No obstante, advierte de que cualquier tipo de conclusión debe ser analizada caso por caso, en cada uno de los diferentes países. Así, en el caso de referirse a España, también hay que tener como elementos a tener en cuenta otros diferentes, tales como la complejidad de la regulación, el exceso de trabas administrativas, el incremento de la carga impositiva o el tamaño de las empresas en España (en su mayoría pymes).

 

Una de las cuestiones a tener en cuenta a la hora de estudiar la economía sumergida consiste en determinar qué tipo de población tiene una relación más directa con esta situación, o dicho de otra manera, se beneficia más o la utiliza de una manera mayor.

 

Las conclusiones de este informe, en el que se relaciona el comportamiento de su mercado laboral respecto a la crisis económica actual, se pueden resumir en las siguientes:

 

Zona geográfica

Personas afectadas

Países nórdicos Aquellas personas con trabajo declarado que, no obstante, han venido complementando sus ingresos con trabajo oculto, son los que más han sufrido el descenso en el tamaño de la economía sumergida en la presente crisis.
Países del sur europeo Son las personas desempleadas las que más están sufriendo el decrecimiento de la economía no declarada. Es probable que se deba a los efectos más pronunciados de la crisis sobre determinados sectores económicos.
Países del occidente y del este europeo Aunque los desempleados hayan podido acceder a más trabajos en la economía sumergida, son peor pagados que aquellos otros trabajadores procedentes de grupos con ingresos declarados que han accedido a trabajos irregulares.

 

En cuanto a las razones que explican esta realidad, este informe de Eurofound entiende que la principal causa se debe a los diferentes grados de economía de bienestar existentes en los países europeos.

 

Así, en los países que no apuestan por una política laboral activa en beneficio de las clases más desfavorecidas y que presentan menores grados de bienestar social y reducidos pagos compensatorios a los desempleados, las personas suelen recurrir a trabajos no declarados y a la economía sumergida. Por el contrario en los países donde los beneficios a los desempleados están más extendidos, tanto en relación a colectivos beneficiarios como en cuantías, y son más próximos a los salarios medios, los desempleados no tienen tanta necesidad de acudir a la economía sumergida.

 

La conclusión es, por tanto, evidente: como más amplia es la política social, mayor es el impacto en la consecución de la reducción o eliminación de la economía sumergida[17].

 

Sin embargo, esta explicación plantea serias dudas si se pretende aplicar a España, donde la tasa de economía subterránea es relativamente elevada, y, en cambio, existen cuantiosas políticas de protección social. Quizás la explicación a este comportamiento haya que buscarla en la forma de financiación tanto del conjunto del Estado de bienestar, vía impuestos indirectos o mediante la imposición a las rentas del trabajo y del capital.

 

Asimismo, si se compara el nivel de corrupción de un determinado país y el tamaño de su economía sumergida, se deduce una alta relación entre el nivel de corrupción de cada país con el tamaño de la actividad que se escapa del conocimiento y control del Estado. Así, en los países que muestran mayores niveles de economía sumergida también se dan altos índices de corrupción. Las causas son diversas: poca transparencia en el funcionamiento de las instituciones públicas, impuestos elevados, alto nivel de gasto público, poca transparencia en la financiación de los partidos políticos, poca transparencia de las normas, leyes y procedimientos y falta de eficientes controles institucionales, excesiva burocracia y crecimiento de los intercambios internacionales.

 

Por tanto, la conclusión es relevante: cualquier actuación que se lleve a cabo en una de estas dos magnitudes, corrupción o economía sumergida, o en ambas al mismo tiempo, tiene un efecto directo de descenso o desaparición en la otra.

 

Finalmente, si se analiza la incidencia de la economía sumergida en los diferentes sectores de la actividad económica, se puede comprobar que aquellos sectores más regulados, que se basan en contratos con un alto nivel de formalidad entre proveedores y clientes, como pueden ser el suministro de electricidad o los servicios financieros, tienen los menores niveles de economía sumergida. Por el contrario, la construcción, el sector manufacturero y las ventas mayoristas y minoristas son los sectores con mayores cifras de economía sumergida, como se puede observar en el siguiente gráfico.

 

Gráfico número 4. Impacto de la economía sumergida por sectores

 

 

En concreto, hay que tener en cuenta el relevante efecto que ha tenido en España la crisis inmobiliaria. El sector de la construcción en España habría caído un 27% del valor alcanzado en 2008, frente a una caída del 12% en la UE-27, y el número de personas empleadas habría caído un 43%, frente a solo un 15% en la UE-27. Esto podría justificar que la economía sumergida se haya mantenido constante o incluso haya caído ligeramente en España en este periodo.

 

El tamaño de la economía sumergida en España, de acuerdo con las mediciones del informe Schneider referidas al año 2013 (18,6% del PIB), aunque muy próxima a la media europea (18,5% del PIB), está muy alejada de otros países europeos de nuestro entorno, como por ejemplo, Alemania (13%),

Francia (10%) o Reino Unido (10%).

 

Es evidente que, con independencia de la fiabilidad que pueda tener este dato, dado lo difícil que es determinar realmente el peso de la economía sumergida, lo más significativo de los datos manejados es que el nivel de la economía sumergida en España sistemáticamente se ha situado muy por encima de otros estados europeos, a excepción de Italia.

 

Además, el impacto de la economía sumergida en España no se da de manera uniforme en todas las Comunidades Autónomas, ya que en algunas comunidades está más extendida que en otras, como se desprende del informe elaborado por la Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), del que se extrae la siguiente tabla.

 

Tabla número 2. Distribución de la economía sumergida por Comunidades Autónomas

 

Comunidad Autónoma

Porcentaje del PIB sumergido

Total del PIB sumergido

Cataluña

22,3 %

43,704

Madrid

19,6 %

36.556

Andalucía

24,0 %

34.182

Comunidad Valenciana

24,3 %

24.707

Galicia

26,3 %

13.917

Castilla y León

25,0 %

13.652

País Vasco

20,6 %

13.560

Canarias

28,7 %

11.563

Castilla-La Mancha

26,5 %

9.253

Aragón

25,5 %

8.356

Murcia

24,3 %

6.546

Baleares

19,2 %

5.060

Asturias

20,2 %

4.633

Navarra

20,0 %

3.575

Extremadura

19,2 %

3.474

Cantabria

23,7 %

3.206

La Rioja

31,4 %

2.432

 

Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de datos de presión fiscal de Eurostat de 2009. Datos en millones de euros.

 

Como se puede observar, aunque los peores resultados en términos porcentuales respecto al tamaño de su economía se concentraban en La Rioja (31,4%), Canarias (28,7%) y Castilla La Mancha (26,5%), hay cuatro comunidades (Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia) que presentaban las mayores cifras en valores absolutos y por sí solas, acumulaban más del 58 % del total de la economía sumergida en España.

 

Sobre la evolución del tamaño de la economía sumergida en España, un estudio de Funcas realizado en el año 2011 presentaba las siguientes conclusiones[18].

 

1

Se ha producido un crecimiento notable de la economía sumergida en el periodo 1980/2008 que se atribuye en gran medida al crecimiento de la carga fiscal.

2

Parece existir una cierta tolerancia hacia estas actividades irregulares.

3

En el periodo 1980/2008, el PIB se ha multiplicado por 2 y la economía sumergida por 4, pasando de porcentajes inferiores al 12% a cercanos al 24%.

4

La economía sumergida es considerada como una válvula de escape en situaciones de recesión.

 

En cuanto a las causas de la realidad de la economía sumergida en España, los motivos pueden ser varios.

 

ü  En primer lugar, es probable que exista un problema de escasa conciencia fiscal entre los españoles, directamente relacionado con la percepción que es muy baja la posibilidad de detectar el fraude y, por consiguiente, escasa la actividad sancionatoria; incluso, se podría hablar de una doble moral en esta materia.

 

ü  En segundo lugar, puede existir la idea que la regulación actual relacionada con la materia laboral y/o fiscal es excesivamente compleja, especialmente si se aplica a las pymes, por lo que no queda más remedio que incumplirla.

 

ü  Finalmente, hay que tener en cuenta que la presión fiscal y en materia de cotizaciones a la Seguridad Social es una de las más altas en los países de la Unión Europea[19].

 

3)    Medidas aplicadas para reducir la economía sumergida

 

Las medidas adoptadas para reducir la economía sumergida durante la crisis, según el informe de Eurofound, son de dos tipos, disuasorias, que se basan en la detección y penalización del incumplimiento e incentivadoras, que se centran en favorecer la transferencia de trabajo no declarado hacia el declarado, tratando de incrementar el compromiso social con la economía oficial, que se pueden sintetizar en la siguiente tabla:

 

Tabla número 3. Medidas aplicadas para reducir la economía sumergida

 

Medidas

Tipos

Actuaciones

 

Disuasorias

Detección Comprobación, intercambio de datos y cooperación
 

Sanciones

Mejora de la efectividad de las inspecciones
Aumento de las sanciones por evasión fiscal
Fuerte penalizaciones por incumplimientos
 

 

 

 

 

 

 

Incentivadoras

 

 

Preventivo

Simplificación del cumplimiento
Uso de herramientas tecnológicas
Incentivos fiscales
Transición hacia autoempleo
Nuevos tipos de trabajo
Desarrollo de microempresas
 

 

Curativo

Incentivos al

comprador

Vales de servicios
Impuestos directos focalizados
Impuestos indirectos específicos
Incentivos al vendedor Amnistías fiscales
Divulgación voluntaria
Asesoramiento empresarial
Fomento del compromiso Promoción del trabajo declarado
Educación
Justicia procesal
Justicia redistributiva

 

Fuente: “Tackling undeclared work in 27 EU Member State and Norway”, Eurofound, 2013.

 

En este mismo sentido, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en los años 2001 y 2003 las medidas disuasorias fueron las más comúnmente aplicadas. Sin embargo, en 2005, un mayor número de países comenzaron a aplicar medidas incentivadoras, principalmente preventivas, como por ejemplo, simplificación de exigencias, facilitar la transición hacia trabajo declarado, desarrollo de micro empresas, entre otros, y curativas, como incentivos a compradores y proveedores, amnistías, etc.

 

Gráfico número 5. Tipos de medidas aplicadas, según los años

 

 

Fuente: “Tackling undeclared work in 27 EU Member State and Norway”, Eurofound, 2013.

 

Esta tendencia se ha mantenido a partir del inicio de la crisis si bien se puede observar una ampliación importante en el elenco de medidas aplicadas por los diferentes países de la Unión Europea. De acuerdo con los datos del año 2010, la totalidad de los países de la Unión Europea habían reforzado las medidas de detección, un 93% incrementado las sanciones, un 90% había iniciado la adopción de medidas preventivas y sólo un 64% había adoptado otras medidas de carácter curativo.

 

Finalmente, si se comprueba el grado de eficacia de los diferentes tipos de las medidas adoptadas para luchar contra la economía sumergida, se puede observar, como se muestra en el siguiente gráfico, las medidas disuasorias son las más importantes y que, en el otro extremo, que las medidas incentivadoras son, con diferencia, las menos relevantes.

 

 

Gráfico número 6. Grado de relevancia de las medidas tomadas

 

 

Fuente: “Tackling undeclared work in 27 EU Member State and Norway”, Eurofound, 2013.

 

4)    El Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social

 

Ante esta situación de economía sumergida en España, aunque habían existido iniciativas previas como el Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y de Seguridad Social de marzo de 2010[20], la Recomendación 10 del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo, de 25 de enero de 2011 o el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas, en abril de 2012, en un contexto de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera de las Administraciones públicas, el Gobierno consideró que debían intensificarse las actuaciones tendentes a afrontar conductas como el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, que generaban una reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la Seguridad Social, el deterioro de los derechos de los trabajadores y una indeseable competencia desleal entre las empresas.

 

Como la economía y el empleo irregulares atentan gravemente contra el principio de solidaridad, la lucha contra este tipo de comportamientos constituyó un objetivo prioritario de la acción de gobierno y por ello, presentó un Plan Nacional de Reformas para el año 2012 a la Unión Europea en el que ya estaba contemplada, como una de sus prioridades para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del Sistema Público de la Seguridad Social, la ejecución de un Plan de lucha contra el fraude[21].

 

Para garantizar la sostenibilidad financiera y la consolidación fiscal se llevó a cabo, de manera paralela y coordinada, un plan de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pues la lucha contra el empleo irregular y el fraude, tanto en su vertiente fiscal, como de Seguridad Social y laboral, debía ser objeto de una respuesta firme, homogénea y coordinada[22].

 

De esta manera, se aprobó en el Consejo de Ministros del 27 de abril de 2012, un Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social para el periodo 2012-2013, con la finalidad de reforzar los mecanismos de control y prevención de este tipo de actuaciones.

 

Se trataba de poner en práctica un plan integral que tuviera un alcance mayor que los objetivos que anualmente se marca en sus planes integrados de objetivos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y que permitiera adoptar tanto medidas normativas, como instrumentos de coordinación entre distintos organismos y servicios con competencias en materia de Seguridad Social y, en general, de todo tipo de prestaciones públicas.

 

Este plan tenía los siguientes objetivos:

 

1

Impulsar el afloramiento del empleo irregular, con un efecto regularizador de las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos al Sistema de la Seguridad Social por el pago de cotizaciones sociales.

2

Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo, particularmente en aquellos supuestos en que se constituyen empresas ficticias para poder acceder a aquéllas o donde se compatibiliza de manera irregular su percepción con el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.

3

Aflorar posibles situaciones fraudulentas, principalmente en casos de falta de alta en la Seguridad Social de trabajadores que efectivamente prestan servicios en las empresas, en el acceso y la percepción de otras prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

4

Combatir los supuestos de aplicación y obtención indebidas de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social.

 

El Plan abordaba una serie coordinada y diversa de acciones, tanto desde el punto de vista del planteamiento de cambios normativos, como de las modificaciones de actuación administrativa, incidiendo en los ámbitos organizativos y operacionales.

 

Las principales medidas llevadas a cabo para poner en marcha el plan se pueden resumir en las dos siguientes áreas temáticas.

 

1)    Modificación normativa

 

Aprobación de la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, por la que se reforman diversas normas, entre ellas, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de Seguridad Social, la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Las principales cuestiones introducidas por esta disposición son las siguientes:

 

ü  Se aumenta de 1 a 3 años el plazo para exigir responsabilidad solidaria al empresario principal por las obligaciones de Seguridad Social contraídas por la subcontratista.

ü  Se refuerza el deber de colaboración entre Administraciones Públicas.

ü  Se amplía el plazo máximo de las actuaciones de comprobación en la labor inspectora en casos de especial complejidad (de un máximo de 9 meses actualmente a otro de 18).

ü  Entre las infracciones se tipifica como muy grave dar ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contrato o reducción de jornada (de 6.251 a 187.515 euros).

ü  Se incrementa la cuantía de las sanciones en situaciones de economía irregular o por dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes de prestaciones incompatibles con el trabajo, en proporción al número de trabajadores afectados, cuando estas conductas afecten a una pluralidad de trabajadores.

ü  Se establece una graduación automática de las sanciones por falta de pago de cuotas en función de las cantidades dejadas de ingresar.

 

Aprobación de la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; en relación a las modificaciones introducidas respecto a los delitos contra los derechos de los trabajadores y contra la Seguridad Social cabe destacar las siguientes:

 

ü  Reducción a 50.000 euros en un periodo de cuatro años la cuantía necesaria para incurrir en delito (antes eran 120.000 euros); creación de un tipo agravado cuando la cuantía defraudada a la Seguridad Social supere los 120.000 euros o se utilicen para defraudar grupos o entramados empresariales o personas interpuestas (en estos casos la pena será de 2 a 6 años de prisión y la prescripción se extiende a los 10 años); además, la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paraliza el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda.

ü  Se tipifica la obtención de prestaciones de Seguridad Social mediando simulación u ocultación de los hechos causando perjuicio con esta actitud fraudulenta a la Administración (pena de 6 meses a 3 años de prisión). Cuando la cantidad defraudada sea superior a 50.000 euros la pena pasa de 3 a 6 años de prisión.

ü  Tipificación como delito contra los derechos de los trabajadores del empleo simultáneo de una pluralidad de trabajadores en situación irregular (se aumentan las penas de prisión a 6 años).

 

2) Actuación de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social

 

Estas medidas se pueden dividir en los siguientes cuatro ámbitos.

 

Medidas institucionales

Colaboración con las Comunidades Autónomas: durante 2012 y 2013 se han firmado convenios de colaboración con 6 Comunidades Autónomas en materia de lucha contra el fraude (Extremadura, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, la Rioja, Islas Baleares, y Castilla y León).
Cooperación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, creando un Comisión Mixta, en desarrollo del Convenio de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Cooperación entre todos los Organismos que integran el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para que haya una coordinación para el establecimiento de unos objetivos comunes, así como planes de actuación conjunta.
Cooperación con el Colegio de Registradores de España, y con el Consejo General del Notariado, con el fin de facilitar el acceso a instrumentos y bases de datos para la lucha contra el fraude.
Colaboración con el Ministerio del Interior[23], con el Consejo General del Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la seguridad social y contra los derechos de los trabajadores.

 

 

Medidas estructurales

Se ha dotado de una estructura organizativa para luchar contra el fraude a las Direcciones Territoriales[24].
Se han creado grupos especializados de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en determinadas Inspecciones Provinciales de Trabajo.
Se ha creado la figura del Inspector de Trabajo Delegado en la Comunidad Autónoma potenciado las inspecciones realizadas por la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre las empresas de ámbito nacional.
Se ha creado una Unidad especial de apoyo y colaboración con los Juzgados y Tribunales y con la Fiscalía General del Estado[25].
Se han orientado y planificado campañas de actuación basadas en principios de eficacia y eficiencia para incidir en aquellos sectores y actividades donde se presumió la existencia del fraude a la Seguridad Social o el empleo irregular de trabajadores.
Se han intensificado actuaciones de control de la contratación mediante la modalidad fija discontinua en la industria.
Se han intensificado actuaciones de control sobre empresas deudoras insolventes con actividad y las actuaciones de derivaciones de responsabilidad en el pago de cuotas  en materia de Seguridad Social a otros responsables distintos del responsable directo.
Se ha aprobado un plan integral de control de subcontratistas, que previó un control integral, intensivo y piramidal de la estructura de subcontratación por equipos inspectores.

 

 

Medidas de inspección

Se ha potenciado la dedicación del máximo de los recursos humanos ya existentes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la detección y corrección de supuestos de empleo irregular y fraude a la Seguridad Social, y se ha aumentado la plantilla[26].
Se han intensificado las visitas de inspección en materia de empleo nocturnas y en días festivos, así como la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado[27].
Se han llevado a cabo controles extensivos para luchar contra el fraude consistentes en el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia sin el correspondiente alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, a pesar de la percepción de rendimientos de actividad económica por importe superior al SMI.
Se han realizado controles ante posibles fraudes en despidos colectivos, que pudieran conllevar la extinción de contratos y la posterior constitución de una nueva empresa, por el mismo empresario, que volvía a contratar a los trabajadores que siguen percibiendo las prestaciones por desempleo.
Se han realizado controles dirigidos a verificar la posible existencia de fraude en ocupación de perceptores de prestaciones de desempleo afectados por una medida de suspensión de relaciones laborales o de reducción de jornada, así como el correcto cumplimiento de la comunicación por parte del empresario a la entidad gestora de la prestación por desempleo, con carácter previo a su producción, de aquellas variaciones en el calendario inicialmente previsto, así como del propio calendario inicial, en estos supuestos.
Se ha realizado un seguimiento de las altas de trabajadores en el Sistema de la Seguridad Social para garantizar el mantenimiento del empleo aflorado por cuenta ajena.
Se han mejorado los mecanismos de cooperación entre las Administraciones para perseguir el fenómeno de las empresas que se crean con el único fin de servir de cauce para la generación indebida de prestaciones a cargo de la Seguridad Social, especialmente por desempleo, a través de la figura de la simulación de la relación laboral.

 

 

Medidas de colaboración y concienciación social

Se ha creado un “buzón electrónico contra el fraude laboral” en el que los ciudadanos conocedores de este tipo de conductas fraudulentas e insolidarias pueden informar de ellas[28].
Se ha explicado el contenido del plan a los agentes sociales en el seno de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, habiéndose difundido en el marco de conferencias y jornadas desarrolladas ante profesionales de las relaciones laborales, y de las Universidades o de otras instituciones de ámbito académico o profesional.
Se han incrementado las informaciones en los medios de comunicación sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de lucha contra el fraude.

 

En cuanto a los organismos que han participado en la implantación del plan, cabe destacar los siguientes, con las consiguientes actuaciones.

 

A)    Tesorería General de la Seguridad Social

 

La colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha permitido mejorar las actuaciones de control en distintas materias, como por ejemplo, derivación de responsabilidades, correcto encuadramiento de empresas y trabajadores en el sistema de la Seguridad Social, investigación de empresas ficticias, así como de contrataciones y altas fraudulentas en el Sistema de la Seguridad Social, con una importante incidencia en la recaudación de cuotas[29].

 

Estas actuaciones se pueden concretar en dos grandes grupos:

 

Actuaciones preparatorias de las actuaciones de inspección y control Comunicaciones a la Inspección identificando los presuntos sujetos responsables en el pago de cuotas a la Seguridad Social, de posibles empresas ficticias, de empresas insolventes que siguen actuando en el tráfico jurídico o la comunicación de encuadramientos que presuntamente tienen por finalidad defraudar en la cotización a la Seguridad Social.
Actuaciones dirigidas a la gestión recaudatoria de determinados documentos derivados de dichas actuaciones de inspección y control Derivación de responsabilidad de la deuda de Seguridad Social a otros sujetos responsables solidarios o subsidiarios, derivación de responsabilidad que en unos casos es detectada por la Tesorería y comunicada a la Inspección, y en otros casos es directamente detectada por la Inspección en el curso de las actuaciones inspectoras, y las actuaciones para la detección y liquidación de diferencias de cotización a la Seguridad Social en el que el origen del indicio en la detección de fraude es la propia actividad inspectora.

 

Ambos organismos han acordado la realización de un número muy importante de actuaciones sobre las que se ha realizado un seguimiento e intercambio de información a nivel central y provincial especialmente intenso. Para todas estas medidas se ha previsto un incremento del intercambio de información y acceso a bases de datos por los funcionarios de ambos cuerpos, así como un perfeccionamiento de los conocimientos de los mismos en el uso de las herramientas informáticas creadas al efecto en ambos organismos. En todo caso, el seguimiento de las actuaciones del plan en el ámbito de la Tesorería General de la Seguridad se ha realizado mediante indicadores referidos a altas de oficio, expedientes liquidatorios, medidas cautelares y empresas ficticias.

 

B)   Servicio público de Empleo Estatal

 

La actividad de este organismo ha permitido avanzar en la detección de comportamientos no ajustados a derecho en el ámbito de la prestación por desempleo. La efectividad de estas medidas ha permitido, además, reforzar la vinculación entre políticas activas y pasivas de empleo.

 

Las medidas se pueden dividir en tres grandes bloques:

 

Medidas para reforzar el seguimiento de la disponibilidad para el empleo Reforzamiento del control de presencia ante las oficinas de empleo y cumplimiento de los compromisos de actividad de los beneficiarios de prestaciones.
Medidas para verificar el cumplimiento de los requisitos para el acceso y mantenimiento de la prestación Colaboración con otros organismos, entre ellos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social, revisando los actuales cruces de información para lograr mayor efectividad en la detección de del cobro irregular y el fraude  en las prestaciones por desempleo.
Investigación colaborativa de tramas y supuestos fraudulentos complejos Actuaciones que exigen la intervención de organismos cuyas competencias inspectoras y sancionadoras exceden de las administrativas propias de Servicio Público de Empleo: la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades documentales de la Policía Nacional y la Sección de Investigación de la Seguridad Social.

 

Además, se ha suscrito el plan anual de actuaciones con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se ha impulsado el Registro de prestaciones sociales públicas, que gestiona el Instituto Nacional de Seguridad Social, regulando la inclusión de las rentas y salarios mínimos de inserción de las Comunidades Autónomas[30], y se ha reforzado la cooperación con los servicios públicos de empleo para mejorar y avanzar en la activación de los desempleados beneficiarios de prestaciones.

 

C)   Instituto Nacional de Seguridad Social

 

El objetivo perseguido por el Instituto es la investigación de las conductas presuntamente fraudulentas que se han detectado durante los procesos de gestión de las prestaciones de la Seguridad Social concedidas o reconocidas por esta Entidad Gestora y concretamente las siguientes:

 

Controles de rentas para la percepción de complementos a mínimos

 

Controles de rentas mediante un cruce informático con la última información de rentas disponible en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Forales del País Vasco y Navarra.
Controles de mantenimiento de los trabajadores relevistas en las pensiones de jubilación parcial Exigencia de celebración del contrato de relevo, y en caso de baja del relevista, el empresario debe reponer este puesto de trabajo.
Controles ante aumentos injustificados de las pensiones de jubilación

 

Detección durante las tramitaciones de las pensiones conductas fraudulentas consistentes en incrementar de forma ficticia las bases de cotización que forman parte del período de cálculo de la base reguladora de la pensión, con el objetivo de causar una pensión de mayor cuantía.
Controles ante el disfrute indebido de la prestación de incapacidad temporal

 

Realización de reconocimientos médicos a trabajadores en situación de incapacidad temporal, con el fin de confirmar si subsiste o no la incapacidad laboral, evitando cualquier alargamiento indebido de esta situación.
Lucha contra el disfrute indebido de la prestación familiar por hijo o menor a cargo no discapacitado Realización de control de rentas a través de cruces de datos de las Haciendas con el fin de conocer los importes máximos de rentas de la unidad familiar.

 

Finalmente, según los datos del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, los principales resultados que ha obtenido el conjunto de medidas en los años 2012 y 2013, que han supuesto un impacto económico total de 7.628.380 euros, se pueden englobar en los siguientes ámbitos:

 

Empleos aflorados

Categoría

Altas cursadas de oficio en la Seguridad Social, altas cursadas por los empresarios a requerimiento de la inspección, e infracciones por contratar trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.

Resultados

Se han realizado 438.839 inspecciones y han aflorado 170.941 empleos.

Se ha incrementado en un 9,46% el empleo aflorado, pasando de 143.580 empleos en el período 2010-2011 a 157.159 en los años 2012 y 2013.

Impacto económico

290.420 euros

 

 

Prestaciones por desempleo

Categoría

Actuaciones de gestión llevadas a cabo por el Servicio Público de Empleo en la verificación y control del cumplimiento de la normativa en materia de desempleo Actuaciones de inspección llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

 

Resultados

En cuanto a las actuaciones de control de disponibilidad y verificación de requisitos para su disfrute, el número de sanciones de suspensión de la prestación por 1, 3 ó 6 meses en los años 2012-2013 disminuyó en 9.485 un 2,1% respecto a 2010-2011.

 

El volumen de sanciones de extinción por infracción o pérdida de requisitos y el número de revocaciones de la prestación, se incrementó un 37,3%, pasando de 163.832 sanciones en 2010-2011 a 224.915 en el periodo 2012-2013.

 

Respecto de las actuaciones de control derivados de la colaboración con otros Organismos, en el periodo 2012-2013 hubo un incremento de sanciones por infracción muy grave del 84% respecto al periodo 2010-2011, pasando a un total de 19.378 extinciones de prestaciones frente a 10.533 en el periodo anterior.

Durante los años 2012 y 2013 se han realizado 41.720 actuaciones inspectoras en materia de prestaciones por desempleo, detectándose 15.014 infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas. El número de trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente es de 21.141.

 

En el período anterior, el número de infracciones propuestas a empresas fue de 9.940 y el número de trabajadores detectados en esta situación fue de 12.431. Por tanto el número de infracciones a empresas se ha incrementado en un 51,05%  y el número de perceptores por desempleo que incurrieron en la compatibilización u obtención indebida se ha incrementado en un 70,07%.

Impacto económico

3.907,6 millones de euros

 

 

Prestaciones distintas al desempleo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría

Control de los complementos a mínimos

 

En 2012 y 2013 se ha extinguido o revisado el complemento a mínimos a 181.749 beneficiarios por ingresos superiores al límite de renta establecido frente a 72.216, lo que ha conllevado un incremento del 151,70%.
Control de la incapacidad temporal

 

En 2012 y 2013 se ha extinguido la prestación por incapacidad temporal por alta o incomparecencia de 575.794, frente a 652.021, lo que ha conllevado un decremento del -11,69%.
Declaración de la responsabilidad empresarial por jubilaciones parciales cuyo relevo se ha visto interrumpido en un período superior al legal En 2012 y 2013 se ha declarado esta responsabilidad en 2.677 ocasiones, frente a 3.857, lo que ha conllevado un decremento del -30,59%.
Declaración de la responsabilidad empresarial por incremento injustificado de la base de cotización que sirve de cálculo para la pensión de jubilación En 2012 y 2013 se ha declarado esta responsabilidad en 1.208 ocasiones, frente a 1.650, lo que ha conllevado un decremento del -26,79%.
Impacto económico 551.550 euros.

 

 

Empresas ficticias

Categoría

Constitución de empresas sin actividad con el objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones

Resultados

El número de total de altas ficticias anuladas asciende a 78.056, dato que no se puede comparar de manera agregada ya que en 2011 no se disponía de este tipo de datos. De éstas, 48.214 se han anulado a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

 

Asimismo se han realizado 48.329 inspecciones, frente a las 16.652 del bienio anterior. El número de infracciones detectadas ascendió a 5.496, frente a las 683 del período 2010-2011, y el número de altas ficticias anuladas, contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones, fue de 48.214 frente a los 20.559 detectados en el período anterior. Por tanto el número de infracciones se ha incrementado en un 704,69% y el número de contratos simulados detectados se ha incrementado en un 134,52%.

 

En 2012 y 2013 se han anulado 2.078 códigos de cuenta de cotización, mientras que en el periodo de 2010 y 2011 fueron 619, lo que supone un incremento de un 236,24 %.

Impacto económico

582.880 euros.

 

Expedientes liquidatorios

Categoría Se incluyen actuaciones encaminadas a aflorar cantidades no declaradas a la Seguridad Social o a señalar a otros sujetos responsables de deudas preexistentes
Resultados Actas de liquidación de cuotas Entre 2010-2011 se levantaron 37.179, entre 2012-2013 39.407, lo que conlleva un incremento del 6 %.
  Reclamaciones de deuda por derivación de responsabilidad Entre 2010-2011 propusieron 360.160 reclamaciones, entre 2012-2013 404.683, lo que conlleva un incremento del 12,36 %.
  Requerimientos de pago de cuotas Entre 2010-2011 12.788, entre 2012-2013 15.737, lo que conlleva un incremento del 23%.
  Medidas cautelares ante indicios de riesgo en el cobro de deudas Entre 2010-2011 se propusieron 9.667, entre 2012-2013 13.456, lo que conlleva un incremento del 39,1 %.
Impacto económico 2.295,93 mil euros.

 

 

5)    Propuestas

 

Analizada la situación de la economía sumergida y de su inmediata consecuencia, tanto en Europa, como concretamente en España, que es el fraude, y especialmente a la Seguridad Social, es necesario solicitar a la Administración pública la continuación de las medidas establecidas hasta la actualidad, que pueden tener un correcto desarrollo con la modificación de la normativa relativa a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y la creación de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude.

 

Aun así, y sin perjuicio de que puedan existir otro tipo de propuestas, se procede a formular las siguientes:

 

ü  Establecimiento de medidas con un enfoque global, cuyo objetivo sea la lucha contra el fraude.

 

Estas medidas han de estar suficientemente coordinadas entre los distintos organismos de la Administración Estatal y con las Comunidades Autónomas.

 

ü  Mejora de la eficiencia de los sistemas de control, tanto en relación al cumplimiento de las obligaciones, como respecto al uso correcto de los bienes y servicios públicos.

 

ü  Desarrollo de estrategias de comprobación, cooperación e intercambio de información tanto en el ámbito nacional como internacional, desde una vertiente administrativa y/o judicial.

 

ü  Flexibilización de las cargas y procedimientos administrativos, especialmente para las pymes y los trabajadores autónomos, introduciendo el uso de los medios tecnológicos.

 

ü  Simplificación de las figuras impositivas, con una rebaja lineal de los tipos impositivos y la correspondiente eliminación de las bonificaciones a la cotización de la Seguridad Social.

 

ü  Implantación de medidas cuyo objetivo consista en aumentar la sensibilización fiscal de los ciudadanos, y en el caso del ámbito laboral, haciendo especial incidencia en las pymes y en los trabajadores autónomos, con el objetivo de reforzar la conciencia social para que los contribuyentes, no sólo cumplan con sus deberes, sino también para que puedan colaborar con la Administración en la erradicación de bolsas de fraude.

 

ü  Modificación de la normativa laboral, en aquellos aspectos que sea necesaria, haciéndola más adaptable a la realidad existente en las empresas españolas en cada momento y teniendo en cuenta el tejido empresarial.

 

 

Bibliografía

 

Aibar Bernad, J, “La lucha contra el fraude en el ingreso de recursos de la Seguridad Social”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), número 351, 2012.

Camino Frías, J, J, Lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, Lex Nova, Valladolid, 2013.

Círculo de empresarios, “Implicaciones de la economía sumergida en España”, XXVI Edición del Libro Marrón, Círculo de Empresarios, 2010.

Fernández Díaz, A, “Corrupción y economía sumergida: una visión de conjunto”, Implicaciones de la economía sumergida en España. XXVI Edición del Libro Marrón. Círculo de Empresarios. 2010.

Fernandez Orrico, F, J, La Inspección de Trabajo frente al fraude de las prestaciones de la Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2012

GESTHA, “Observaciones de GESTHA al Anteproyecto de Ley de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude”, 2012.

Gil Villanueva, M, “La Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social”, Relaciones Laborales, número 2, 2013.

Instituto de Estudios Fiscales, “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2011”, Madrid, 2012.

ISSA, Seguridad Social Dinámica: un compromiso global para la excelencia, noviembre 2013.

Jiménez Fernández, A y Martínez Pardo-del Valle, R, La economía sumergida en España, Documentos de trabajo, número 4, Foros de debate de la Fundación, Fundación de Estudios Financieros, Madrid, 2013.

Lizcano Álvarez, J, “Corrupción a nivel nacional e internacional: La transparencia como antídoto”, Implicaciones de la economía sumergida en España. XXVI Edición del Libro Marrón. Círculo de Empresarios. 2010.

Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado,

“Lucha contra el fraude fiscal en España. Deficiencias y medidas necesarias”, 2012.

“Problemas de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude fiscal”, 2013.

“XIII Encuentros Tributarios 2013. Propuestas contra la utilización de los paraísos fiscales”, 2013.

Pickardt, M y Sardá, J, “Size and causes of the underground economy in Spain: A correction of the record and new evidence from the MCDR approach”, 2012.

Richard Murphy, R, “Closing de European Tax Gap”, Tax Research UK.

Schneider, F

“The Shadow Economy and Shadow Labor Force: A Survey of Recent Developments. IZA Discussion Paper No. 8278. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2462710

“Size and development of the shadow economy from 2003 to 2012: some new facts”, 2013.

Schneider, F y Johannes Kepler, J,

“The Shadow Economy in Europe, 2013”, Informe ATKearney / Visa, 2013.

“Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway.

Approaches and measures since 2008”, 2013.

Sempere Navarro, A V, El trabajo sumergido, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011.

Serrano Sanz, J. M, “Desigualdades territoriales en la economía sumergida”, Confederación de Empresarios de Aragón, Zaragoza, 2012.

 

The Tax Justice Network, “The Cost of Tax Abuse. A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide”, The Tax Justice Network. 2011.

 

Torollo Gonzalez, F J, “La Ley 13/2012 y la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social: antecedentes y contexto normativo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, número 158, 2013.

 



[1] ISSA, “Europa: Mejorando la sostenibilidad de los regímenes integrales de seguridad social”, Perspectivas de Política Social, número 29, mayo 2013.

[2] OECD (2013), Pensions at a Glance 2013: OECD and G20 Indicators, OECD Publishing.
doi: 10.1787/pension_glance-2013-en.

[3] OIT, Global Employment Trends 2014: The risk of a jobless recovery.

[4] La Association luxembourgeoise des organismes de sécurité sociale (aloss), el Instituto Europeo de Seguridad Social (EISS) y el Centre de recherche public luxembourgeois dans le domaine des sciences sociales (CEPS/INSTEAD) organizaron una conferencia que se celebró en Luxemburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2013, con el título “Sécurité sociale et fraude”, cuyos trabajos fueron publicados en el volumen 30 del Bulletin luxembourgeois des questions sociales, 2013.

[5] Jiménez Fernández, A y Martínez Pardo-del Valle, R, La economía sumergida en España, Documentos de trabajo, número 4, Foros de debate de la Fundación, Fundación de Estudios Financieros, Madrid, 2013.

[6] Schneider, F y Johannes Kepler, J, “The Shadow Economy in Europe, 2013”, Informe ATKearney/Visa, 2013.

[7] International Labor Organization. (2013). Labour inspection and undeclared work in the EU (LAB/ADMIN Working Document No. 29). Geneva: Author.

[8] http://epthinktank.eu/2013/08/13/tackling-undeclared-work/

[9] Tax Justice Network, “The cost of tax abuse. A briefing paper on the cost of tax evasion worldwide”, 2011.

[10] “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2011”, Instituto de Estudios Fiscales, Documento número 19, 2012.

[11] Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Stepping up the fight against undeclared work /* COM/2007/0628 final.

[12] Véase el capítulo 5 de título “Informal Employment and Promoting the Transition to a Salaried Economy”, OECD Employment Outlook, 2004.

[13] Williams, C y Nadin, S, Evaluating the Participation of the Unemployed in Undeclared Work Evidence from a 27-nation European survey, mayo 2012.

[14] Schneider, F, “Work in the Shadow: Micro and Macro Results”, International Economic Journal, Volumen 28, número 3, 2014.

[15] ARRAZOLA, M; DE HEVIA, J; MAULEON, I y SANCHEZ, R, “Dos ensayos de actualidad sobre la economía española. La economía sumergida en España”, Funcas, 2011.

[16] Williams, C y Renooy, P, “Tackling undeclared work in 27 European Union Member States and Norway: Approaches and measures since 2008”, Eurofound, Dublin, 2013.

[17] Comisión Europea, Undeclared work in the European Union, ComisiSpecial Eurobarometer 402 / Wave EB79.2 – TNS opinion & social, marzo 2014.

[18] Funcas, “La economía sumergida en España”, 2011.

[19] Servicios de Estudios. CEOE. Nota informativa número 251. 13/2014. 18 de junio de 2014. http://www.ceoe.es/resources/image/na251.pdf.

[20] http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Sala_de_Prensa/Plan_int_prev_corr_fraude.pdf.

[21] El Plan Nacional de Reformas para 2014, en su apartado relativo al fraude fiscal y laboral establece que “Por lo que se refiere a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, en 2013 se ha seguido ejecutando el Plan de 2012 para proteger los recursos públicos, velar por los derechos de los trabajadores empleados irregularmente y evitar la competencia desleal por parte de las empresas que recurren al trabajo irregular. En concreto, tras las medidas normativas aprobadas en 2012, en 2013 se han adoptado medidas orientadas a reforzar la inspección de trabajo y Seguridad Social, como dotación de nuevos recursos humanos y numerosos convenios de colaboración con otras instituciones. Se han mejorado significativamente la eficacia y resultados de las actuaciones inspectoras”.

[22] No se puede olvidar que, a diferencia de la materia de Seguridad Social, que no existe una norma que regule de manera general la situación del fraude, en temas tributarios cabe citar la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

[23] Se firmó el 30 de abril de 2013 un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior sobre coordinación entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la seguridad social.

[24] Orden ESS/1784/2012, de 2 de agosto, por la que se atribuyen funciones operativas a los Directores Territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

[25] Orden ESS/78/2014, de 20 de enero, por la que se crea la Unidad Especial de Colaboración y Apoyo a los Juzgados y Tribunales y a la Fiscalía General del Estado para la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

[26] Se han incorporado 150 nuevos efectivos entre Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, llegándose a 1.000 inspectores. La oferta de empleo público de 2014 es de 80 nuevos inspectores y subinspectores.

[27] Las actuaciones entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han incrementado desde 2011, en el que se realizaron 11.404 actuaciones conjuntas, se pasó en 2012 a 13.052, y en 2013 a 17.013.

[28] http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Colabora_con_ITSS.html. Desde su creación en agosto de 2013 hasta la fecha, la información facilitada a través de este canal ha permitido iniciar 4.359 actuaciones que han derivado en el afloramiento de 1.592 empleos y la tramitación de expedientes liquidatorios por un importe total de 1,4 millones de euros. http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/2296.

[29] Véase, por anterior, la Resolución conjunta, de 28 de julio de 2004, de la Secretaria de Estado de Seguridad Social y de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

[30] http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm?C1=1001&C2=2010&C3=3037&C4=4023.

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