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03
Nov
2014

Normas de Seguridad Social de Octubre 2014

NORMAS   DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICADAS EN LOS BB. OO. E  DEL MES DE OCTUBRE  DE 2014

 

 Por José Ignacio García Ninet

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Barcelona .

 

 

1. Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se aprueba el modelo para suscribir el convenio especial regulado por Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio (BOE 7-10-2014)

TEXTO

La Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), por la que se regula en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el contenido y procedimiento de suscripción del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria, previsto en Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, faculta en su disposición final primera al Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la citada orden.

De acuerdo con esta previsión se hace necesario, el en el ámbito del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la determinación del modelo de convenio especial que permita la articulación de los nuevos procedimientos.

En su virtud, de conformidad con lo señalado en la disposición final primera de la Orden SSI/1475/2014, de 29 de julio, este centro directivo acuerda:

Único.

Aprobar el modelo de convenio especial que figura como anexo de la presente resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 2014.–El Director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, José Julián Díaz Melguizo.

ANEXO

Convenio especial

Don/doña …………………………………………………………………………………………………., domiciliado en ………………………………………………………, calle ………………………………………………………………………………………………………………………………………….., número …………., con documento identificativo

NIF, NIE o n.º de pasaporte (según corresponda). número ……………………………, y don/doña ……………………………………………………………………………………………, Director Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en ………………………………………………………………………….,

EXPONEN

I. Que don/doña…, se encuentra en la situación que se indica en el expositivo siguiente, de las previstas en el artículo 3 del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

II. Que la persona suscriptora el presente convenio especial no tiene derecho al acceso al sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título.

III. Que la persona suscriptora el presente convenio especial ha optado voluntariamente por formalizar el convenio especial previsto en el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, para acceder a la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

IV. Que concurren por tanto los supuestos previstos en el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, así como en el Real Decreto 576/2013, de 26 de julio.

CLÁUSULAS

Primera.

De conformidad con lo previsto en el párrafo primero del número 2 del artículo 2 del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, este convenio especial permitirá a D. ………………………………………………………… acceder, mediante el pago de la contraprestación económica que se establece en la cláusula tercera del mismo, en los términos previstos en el artículo 6 de dicho Real Decreto, a las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud regulada en el artículo 8 bis de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, con las mismas garantías de extensión, continuidad asistencial y cobertura de que disfrutan las personas que ostentan la condición de aseguradas o de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud, en el ámbito correspondiente a la administración pública con la que se formaliza el mismo y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional primera del citado Real Decreto.

Segunda.

El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso, entendiéndose prorrogado tácitamente con carácter anual, en tanto no exista denuncia expresa por parte de la persona suscriptora. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula Quinta.

Tercera.

La persona suscriptora el presente convenio especial se obliga a efectuar la correspondiente contraprestación económica durante la vigencia del presente convenio, de acuerdo con las condiciones siguientes:

Importe de la cuota:

a) Si el suscriptor tiene menos de 65 años: cuota mensual de 60 euros.

b) Si el suscriptor tiene 65 o más años: cuota mensual 157 euros.

En el caso de que el suscriptor de este convenio fuese menor de 65 años y durante su vigencia cumpliera dicha edad, la cuota quedará automáticamente actualizada según el importe previsto para el nuevo tramo de edad. La actualización tendrá efectos desde el primer día del mes siguiente a aquél en que hayan alcanzado los 65 años de edad.

Sin perjuicio de lo anterior, la contraprestación económica se revisará mediante Orden de la personal titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Social e Igualdad, de acuerdo con lo previsto en el número 2 del artículo 6 del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio.

En el momento de la suscripción de este convenio las circunstancias derivadas de este convenio tienen la siguiente concreción:

Suscriptor: D.

Edad:

Fecha de nacimiento:

Código de identificación personal (CIP-SNS) asignado:

Cuota mensual inicial: euros.

Cuarta.

Las cuotas se abonarán mensualmente dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente a que dicha cuota se refiera, mediante ingreso en la cuenta bancaria n.º …………………………………………………….., indicando el nombre del suscriptor del convenio y el texto «convenio especial», o a través de domiciliación bancaria en la entidad que se designe en la solicitud, de la que deberá ser titular el suscriptor del convenio o su representante legal.

La falta de pago al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria de la primera cuota o de las cuotas correspondientes a dos mensualidades consecutivas o tres alternativas, determinará la extinción del convenio especial, según se contempla en la cláusula siguiente.

No será admisible el fraccionamiento de las cuotas.

Quinta.

1. Este convenio especial de prestación de asistencia sanitaria se extinguirá cuando concurra alguna de las siguientes causas:

a) Por fallecimiento de la persona que haya suscrito el convenio especial.

b) Cuando la persona que haya suscrito el convenio especial deje de cumplir alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 3 del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, adquiera la condición de persona asegurada o beneficiaria del Sistema Nacional de Salud o deje de estar empadronada en Ceuta o Melilla (según el caso).

c) Por decisión de la persona que haya suscrito el convenio especial comunicada de modo fehaciente a la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria con la que ha sido formalizado.

d) Por falta de abono de la primera cuota o de las cuotas correspondientes a dos mensualidades consecutivas o a tres alternativas.

2. El momento en que la extinción del convenio especial producirá efectos será, según los casos, el siguiente:

a) En caso de fallecimiento de la persona que haya suscrito el convenio especial, la extinción del mismo se producirá el día siguiente al del fallecimiento.

b) Si la extinción se produce por la causa establecida en el párrafo b) del apartado anterior, la extinción del convenio especial se producirá con efectos del día siguiente a aquel en que la persona que lo haya suscrito haya dejado de cumplir alguno de los requisitos del artículo 3 del Real Decreto 576/2013, haya adquirido la condición de persona asegurada o beneficiaria del Sistema Nacional de Salud o haya dejado de estar empadronada en Ceuta o Melilla (según el caso).

No obstante, en el caso de que la extinción del convenio especial venga motivada por el cambio de empadronamiento a un municipio correspondiente a administración pública distinta de aquella con la que se haya suscrito, dicho convenio podrá conservar su vigencia, a petición del interesado, hasta el momento en el que éste suscriba un nuevo convenio, con un límite temporal máximo de tres meses, siendo de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 576/2013, de 26 de julio.

c) En caso de extinción por decisión voluntaria de la persona que haya suscrito el convenio especial, la extinción del mismo tendrá lugar el día siguiente a aquel en que se comunique a la administración pública con la que se haya formalizado.

d) En caso de impago de cuotas, la extinción del convenio especial surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se haya producido el impago de la segunda mensualidad consecutiva o de la tercera mensualidad alternativa.

En el caso de que el impago sea de la primera cuota, el convenio especial no habrá desplegado efecto alguno.

e) En caso de extinción por incumplimiento de alguna de las condiciones particulares establecidas en el convenio especial, la extinción del mismo se producirá en la fecha que se establezca en la resolución administrativa que declare su extinción.

Sexta.

La persona que suscribe este convenio especial, en la utilización de las prestaciones sanitarias actuará de acuerdo con su clausulado y la normativa vigente, según las prácticas de buen uso establecidas para los establecimientos sanitarios.

Séptima.

Se señala como fecha de iniciación de efectos del presente convenio la fecha de la firma del presente convenio especial.

Lo que en prueba de conformidad firman ambas partes por duplicado, quedando en poder de cada una de ellas un ejemplar de este convenio.

En …………………………………., a ……. de …………………………….. de …………

La persona suscriptora del Convenio Especial,   El Director Territorial del INGESA,
     
……………………………………………   ……………………………….

 

2. Orden ESS/1819/2014, de 25 de septiembre, por la que se declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la Seguridad Social, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría (BOE 7-10-2014).

TEXTO

El artículo 163 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, dispone que la auditoría pública se ejercerá, en función de lo previsto en el plan anual de auditorías a que se refiere el artículo 165 de dicha ley, sobre todos los órganos y entidades integrantes del Sector Público Estatal y sobre los fondos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la misma ley.

Por su parte, el artículo 165 prevé que la Intervención General de la Administración del Estado elabore anualmente un plan de auditorías en el que se incluyan las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio, tanto las que corresponda desarrollar directamente a dicho centro, como aquellas cuya ejecución debe llevarse a cabo a través de la Intervención General de la Defensa y de la Intervención General de la Seguridad Social.

En este sentido, el artículo 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, establece la obligación de realizar anualmente la auditoría de las cuentas anuales de, entre otros entes del sector público estatal, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, auditoría que conforme a lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, será realizada por la Intervención General de la Seguridad Social.

El artículo 93 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que para la ejecución del plan de auditorías de la Seguridad Social, la Intervención General de la Seguridad Social pueda, en caso de insuficiencia de medios propios disponibles, recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría, siendo necesaria una Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando la financiación de la indicada colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y servicios de la Seguridad Social adscritos a dicho departamento.

Mediante la Resolución de 20 de junio de 2014, del Interventor General de la Administración del Estado, se ha aprobado el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2015, que contempla las actuaciones de auditoría a efectuar en cumplimiento del artículo 168 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, relativo a la auditoría de cuentas anuales.

La Intervención General de la Seguridad Social, como en años anteriores, carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a alguna de las actuaciones incluidas en el plan aprobado, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría, mediante la contratación de la ejecución de determinadas actuaciones de control mencionadas anteriormente, que la Intervención General de la Seguridad Social no puede asumir en su integridad con sus efectivos actuales.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Insuficiencia de medios.

La Intervención General de la Seguridad Social carece de efectivos suficientes para hacer frente, en el plazo previsto, a algunas de las auditorías previstas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2015, por lo que razones de eficiencia técnica y organizativa encaminadas a cumplir con los objetivos de ejecución contenidos en dicho plan y, fundamentalmente, razones orientadas a dar cumplimiento a la normativa, determinan la necesidad de establecer un proceso de colaboración con empresas privadas de auditoría mediante la contratación de determinadas actuaciones de control.

Artículo 2. Colaboración de empresas privadas.

Se autoriza a la Intervención General de la Seguridad Social, dentro de sus disponibilidades presupuestarias, a recabar la colaboración de empresas privadas de auditoría para la realización de las auditorías de cuentas anuales de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social incluidas en el Plan Parcial de Auditorías y Control Financiero de Subvenciones y Ayudas Públicas para el año 2015.

Artículo 3. Contratos plurianuales.

Se autoriza la celebración de estos contratos de colaboración con empresas privadas de auditoría por un plazo de vigencia superior a un año, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, debido a que estos trabajos de control o auditoría tienen carácter periódico y recurrente, conforme a lo establecido en una norma legal.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de septiembre de 2014.–La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez García.

 

3. Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de las Illes Balears y el Instituto Social de la Marina, en el ámbito de la cesión o comunicación de datos de carácter personal y el acceso a los sistemas de información necesarios para la realización de los reconocimientos médicos de embarque marítimo (BOE 15-10-2014).

 

4. Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 18 de junio de 2014, por la que se convocan subvenciones para la integración de personas inmigrantes (BOE 15-10-2014).

 

5. Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (BOE 17-10-2014)

 

Sección 3.ª Medidas de apoyo a la contratación

Artículo 107. Bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que contraten de forma indefinida, incluida la modalidad fija discontinua, a una persona beneficiaria del Sistema Nacional de Garantía Juvenil disfrutarán de una bonificación mensual en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por un importe de 300 euros.

La duración de la bonificación será de seis meses, estando obligada la empresa o el trabajador autónomo a mantener al trabajador al menos seis meses desde el inicio de la relación laboral. No se entenderá incumplida dicha obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido disciplinario que no sean declarados improcedentes, ni debido a extinciones causadas por dimisión, muerte, o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores.

Asimismo, las empresas o trabajadores autónomos, estarán obligados a incrementar con la nueva contratación tanto el nivel de empleo indefinido como el nivel de empleo total, y mantener el nuevo nivel alcanzado con la contratación durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en los treinta días naturales anteriores a la celebración del contrato.

Esta medida será compatible con todo tipo de incentivos siempre que el importe mensual a cotizar por la empresa o el trabajador autónomo no sea negativo. Si la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social del trabajador que da derecho a la bonificación fuera inferior al importe de ésta, el exceso podrá descontarse de la aportación empresarial final que resulte en la liquidación mensual en la que figure incluido el citado trabajador, siempre que la misma no resulte negativa.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y el nivel de empleo total a los 6 meses de la celebración del contrato bonificado. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el cumplimiento de este requisito.

A estos efectos, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, ni las extinciones causadas por dimisión, muerte, o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba. En caso de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de los niveles de empleo o de mantenimiento del trabajador contratado al menos seis meses, se deberá proceder al reintegro tanto de la bonificación como del posible excedente generado y aplicado.

3. En el supuesto de que la contratación sea a tiempo parcial, la jornada será como mínimo el 50 por ciento de la correspondiente a la de un trabajador a tiempo completo comparable, aplicándose la bonificación para este supuesto de la siguiente manera:

Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 75 por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, 225 euros mensuales.

Cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50 por ciento de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, 150 euros mensuales.

A estos efectos, se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación a los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas y sociedades laborales, así como a las empresas de inserción que contraten a trabajadores en situación de exclusión social incluidos en el artículo 2 de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

5. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, sólo podrán aplicar una vez las bonificaciones previstas en este artículo por cada uno de los beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que contraten, con independencia del periodo de bonificación disfrutado por la empresa por cada trabajador.

6. Las bonificaciones previstas para las contrataciones establecidas en este artículo se financiarán con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal y dichos recursos serán objeto de cofinanciación por el Fondo Social Europeo.

7. La bonificación a la que refiere el presente artículo será de aplicación a todas aquellas contrataciones que se efectúen desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, hasta el 30 de junio de 2016.

8. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones contenidas en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.

9. Además de las exclusiones contempladas con carácter general en la Sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, no se aplicarán las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social previstas en este artículo en los supuestos de contrataciones de trabajadores cuya actividad determine la inclusión en cualquiera de los sistemas especiales establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

10. El requisito de estar al corriente en las obligaciones tributarias para poder acogerse a las bonificaciones reguladas en este artículo, se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y a todos los efectos se considerará cumplido este requisito cuando el certificado emitido en el momento del alta del trabajador sea positivo.

11. A los efectos de considerar cumplido el requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias por parte de las empresas beneficiarias de bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social vigentes a la entrada en vigor de esta norma, se considerará que los certificados emitidos por vía telemática por el órgano competente para ello tendrán un plazo de validez de seis meses desde su emisión y con ellos quedará acreditado el cumplimiento de la citada obligación durante dicho plazo.

12. A efectos del control de las bonificaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal, el número de trabajadores objeto de esta bonificación de cuotas a la Seguridad Social con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen.

13. Con la misma periodicidad, la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de esta bonificación de cuotas, así como cuanta información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos sea precisa para controlar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en este artículo.

Artículo 108. Modificación de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

La Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, queda modificada de la siguiente manera:

Uno. Se añade una nueva letra e) en el apartado 2 del artículo 9, con la siguiente redacción:

«e) Ser personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España.»

Dos. Se modifica el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos:

«La jornada pactada no podrá ser superior al 50 por cien de la correspondiente a un trabajador a tiempo completo comparable, salvo en el caso de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que podrá alcanzar el 75 por cien de la jornada. A estos efectos se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable lo establecido en el artículo 12.1 del Estatuto de los Trabajadores.»

Tres. Se añade un último párrafo al apartado 2 del artículo 13, con la siguiente redacción:

«En el caso de que el contrato se formalice con personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, se aplicará de forma adicional una bonificación del 50 por ciento en el supuesto previsto en el primer párrafo del presente apartado, y del 25 por ciento en el supuesto previsto en el segundo párrafo del presente apartado, de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador contratado durante toda la vigencia del contrato. La bonificación se aplicará a todas aquellas contrataciones que se efectúen hasta el 30 de junio de 2016.»

Cuatro. Los apartados 3 y 4 de la disposición adicional primera quedan redactados de la siguiente manera:

«3. La Tesorería General de la Seguridad Social facilitará mensualmente al Servicio Público de Empleo Estatal el número de trabajadores y trabajadoras objeto de bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, desagregados por cada uno de los colectivos de bonificación, incluyendo el referente a las personas jóvenes incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, con sus respectivas bases de cotización y las deducciones que se apliquen de acuerdo con los programas de incentivos al empleo y que son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.

4. Con la misma periodicidad, el Servicio Público de Empleo Estatal facilitará a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la información necesaria sobre el número de contratos comunicados objeto de bonificaciones de cuotas, detallados por colectivos, incluyendo el referente a las personas jóvenes que formen parte del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en España, así como cualquier otra información relativa a las cotizaciones y deducciones aplicadas a los mismos que resulte precisa, al efecto de facilitar a este Órgano Directivo la planificación y programación de la actuación inspectora que permita vigilar la adecuada aplicación de las bonificaciones previstas en los correspondientes programas de incentivos al empleo, por los sujetos beneficiarios de la misma.»

Artículo 110. Revisión de las bonificaciones.

El impacto y los resultados alcanzados por la aplicación de la bonificación de los incentivos a la contratación establecidos en esta Ley serán objeto de evaluación en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y del Fondo Social Europeo por parte del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Disposición adicional vigesimosexta. Bonificación en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación profesional.

Las prácticas curriculares externas realizadas por los estudiantes universitarios y de formación profesional, que tienen el carácter exclusivamente de asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de su integración en el Régimen General de la Seguridad Social de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, desarrollada por el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regula los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, tendrán una bonificación del cien por cien en la cotización a la Seguridad Social a partir del día 1 de agosto de 2014.

Disposición adicional vigesimoséptima. Acreditación del cumplimiento del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias para el disfrute de bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social.

El cumplimiento del requisito de hallarse al corriente en las obligaciones tributarias para poder acogerse a cualesquiera bonificaciones y reducciones en cuotas a la Seguridad Social, que así lo tengan establecido, y para el mantenimiento del derecho a las mismas, se acreditará mediante la expedición del correspondiente certificado por vía telemática por el órgano competente para ello. El mencionado certificado tendrá una validez de seis meses y a todos los efectos se considerará cumplido este requisito durante el citado plazo cuando el certificado emitido sea positivo.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

  1. La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»..

 

  1. 6.   Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica parcialmente la de 26 de diciembre de 2012, por la que se establecen los criterios de concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia Social(BOE 20-10-2014).

TEXTO

Por Resolución de 26 de diciembre de 2012 de la Mutualidad General Judicial (BOE del 29), se hicieron públicos los nuevos criterios de concesión de las ayudas del Fondo de Asistencia Social (F.A.S.) para acomodarlas a las necesidades de estabilidad presupuestaria de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio.

La Resolución de 3 de junio de 2014 (BOE del 17), haciendo efectivo el compromiso de la Gerencia de este organismo de reimplantar las ayudas conforme la situación presupuestaria lo fuera haciendo posible, alzó algunas de las medidas de reducción del gasto adoptadas, revisando las previstas para enfermos crónicos y oncológicos, en un doble sentido, para eliminar la sujeción al baremo de renta y para recuperar la ayuda económica prevista para la adquisición del elevador de WC.

Guiados por idénticos motivos, en cumplimiento de los compromisos asumidos desde la Gerencia de Mugeju con los mutualistas, y atendida la propia naturaleza y configuración de las ayudas del F.A.S., en especial su carácter discrecional determinado por las disponibilidades presupuestarias, se considera factible revisar nuevamente al alza los criterios de concesión de las ayudas y la ampliación del ámbito de sus beneficiarios, en la idea de llegar a atender las necesidades de un número más nutrido de mutualistas, lo que se concreta en la eliminación de las limitaciones del nivel de renta de la unidad familiar del peticionario respecto de las ayudas para atender los estados de extrema necesidad, cuya cuantía máxima resulta también incrementada, ampliándose la cifra en un 50 % respecto de la hasta ahora en vigor.

Asimismo se ha considerado conveniente deslindar la ayuda prevista para enfermos crónicos y oncológicos por la adquisición de la cama articulada respecto de sus accesorios, de manera que manteniéndose el concepto de «cama articulada» contenido en el apartado b) del epígrafe III de la Resolución, se facilite la adquisición individualizada de los accesorios que resulten precisos para cada caso concreto, contemplándola con independencia de la compra en una única y sola vez del artículo completo según queda definido en la normativa.

En base a todo ello, la Gerencia, de conformidad con las competencias que le confiere el artículo 14.3.e) del Real Decreto 1206/2006, de 20 de octubre, por el que se regulan la composición y funciones de los órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial, habiendo informado a los miembros de la Comisión Permanente del organismo, a los efectos del artículo 12.1.f) del citado Real Decreto, resuelve:

Primero.

Modificar el epígrafe III b) en su segundo párrafo, y sustituir el primero de los artículos relacionados por el siguiente:

«– Cama articulada y/o accesorios.»

Correlativamente, modificar en la relación de los productos incluidos en las cuantías de las ayudas, el primero de ello, que se desglosa en dos, del siguiente modo:

«– Cama articulada ……………… 900 euros por una sola vez.

– Accesorio cama articulada ……. 120 euros por una sola vez.»

Segundo.

Suprimir, en el epígrafe III c) de la Resolución de la Mutualidad General Judicial de 26 de diciembre de 2012 toda referencia al límite de renta y fijar el límite máximo de la cuantía de las ayudas en la cantidad de trescientos euros.

Disposición final.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 9 de octubre de 2014.–La Gerente de la Mutualidad General Judicial, Celima Gallego Alonso.

7. Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española (BOE 30-10-2014)

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

La Constitución, dentro del capítulo dedicado a la elaboración de las leyes, permite a las Cortes Generales delegar en el Gobierno, en determinados supuestos, la potestad de dictar normas con rango de ley. Dicha delegación se realizará por ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos en uno solo.

El Informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas considera necesaria la aprobación de una ley ordinaria que habilite al Gobierno para elaborar los textos refundidos, en relación con aquellas leyes que, habiendo sido modificadas en numerosas ocasiones, destacan por su relevancia en un área de actividad específica.

La necesidad de elaborar textos refundidos ya se contenía en el informe de la OCDE sobre la gestión y racionalización de la regulación existente en España del año 2000, señalando que la revisión de los marcos legislativos no era sistemática y que en la tradición legal no existían herramientas como las revisiones periódicas finales obligatorias o la fijación de fechas de caducidad.

El siguiente informe de 2010 sobre la misma materia señalaba que la simplificación en España es difícil de lograr y que esto socavaba el fácil acceso al ordenamiento jurídico, lo que incidía en la claridad y la seguridad.

A estos factores hay que añadir otro, derivado de la especial situación que se ha vivido en España en los últimos años, en la que la urgente necesidad de adoptar importantes medidas, especialmente en el ámbito económico, ha obligado a legislar utilizando en numerosas ocasiones la figura del Real Decreto-ley, mediante el que se modificaban leyes existentes en el Derecho positivo español.

Lógicamente, todo este entramado normativo no hace sino incrementar los costes regulatorios de los ciudadanos y empresas, e incrementa la carga administrativa sobre estas.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contiene un proyecto de revisión, simplificación y una consolidación normativa de los ordenamientos jurídicos de todas las Administraciones Públicas, para lo que deberán efectuarse los correspondientes estudios, derogar las normas que hayan quedado obsoletas y determinar, en su caso, la necesidad de introducir modificaciones, novedades o proponer la elaboración de un texto refundido, de conformidad con las previsiones constitucionales y legales sobre competencia y procedimiento a seguir, según el rango de las normas que queden afectadas.

Ante la necesidad de abordar cuanto antes este proceso de consolidación legal, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas solicitó a los distintos ministerios una relación de leyes de su área que cumplieran una doble condición, por un lado, su relevancia para el área de actividad respectiva; y por otro lado, haber sido modificadas en numerosas ocasiones, incorporando, además, otras disposiciones complementarias a dichos textos.

Todo ello, con el fin de impulsar cuanto antes en el ámbito de la Administración General del Estado la elaboración de textos refundidos sobre las citadas materias.

Habiendo recibido esta información de los ministerios y habiendo sido establecido un orden de prelación atendiendo a su mayor o menor impacto sobre ciudadanos y empresas, la presente ley tiene por objeto habilitar al Gobierno para elaborar diversos textos refundidos.

Es necesario tener en cuenta que esta ley no incluye la autorización para refundir determinados textos legales, aunque su refundición se considera necesaria, donde los departamentos concernidos ya han impulsado o están impulsando anteproyectos de leyes específicas que, además de modificar el régimen vigente, procederán en un futuro próximo a dicha refundición.

Artículo uno. Autorización para la refundición de textos legales.

Se autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, sendos textos refundidos en los que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las leyes y demás normas que se enumeran a continuación, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y así se haya previsto en las mismas:

c) Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Asimismo, se incluirán en el texto refundido a que se refiere esta letra, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas, las disposiciones legales que a continuación se indican:

Los artículos 30 y 31 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los Seguros Privados.

Los artículos 69 y 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El artículo 21 de la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.

La disposición adicional decimoquinta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La Ley 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la jubilación anticipada del Sistema de la Seguridad Social, en determinados casos especiales.

Los artículos 29 y 30 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

El artículo 26 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

La disposición adicional sexta de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad.

El artículo 4, la disposición adicional segunda y la disposición transitoria segunda de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

La Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

La disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

La disposición adicional cuarta de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.

El artículo 2 de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo a determinados cargos públicos y sindicales.

La Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

Las disposiciones adicionales quinta, novena, decimocuarta y vigésimo séptima de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

La disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las Personas Desempleadas.

La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

La disposición adicional tercera de la ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

El artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

El artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

Las disposiciones adicionales décimo quinta, trigésima tercera, trigésima novena, cuadragésima primera, cuadragésima sexta, cuadragésima séptima y quincuagésima segunda y la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

La Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social.

La disposición adicional octava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.

La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial de Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

El capítulo I y la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.

La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores.

El capítulo I, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y la disposición final quinta de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social.

e) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, se incluirán en el texto refundido a que se refiere esta letra, las disposiciones legales relativas a la prevención de riesgos laborales, debidamente regularizadas, aclaradas y sistematizadas, que a continuación se indican:

El artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

La disposición adicional decimotercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo.

Artículo dos. Requerimiento de derogaciones expresas.

Los Reales Decretos legislativos que se dicten de acuerdo con la presente ley incluirán la derogación expresa de las normas que hayan sido objeto de refundición así como de aquellas disposiciones reglamentarias dictadas en aplicación y desarrollo de las mismas que resulten incompatibles con la refundición efectuada.

Disposición adicional única. Control adicional del Congreso de los Diputados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 82.6 de la Constitución, el Congreso de los Diputados ejercerá el control adicional de la legislación delegada en la presente ley, en los términos previstos en el Reglamento de la Cámara.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 29 de octubre de 2014.

8.  Orden ESS/1975/2014, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (BOE 30-10-2014).

TEXTO

Las distintas operaciones a realizar en la ejecución del presupuesto se regulan con carácter general en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio. La mencionada regulación debe completarse mediante la especificación de operaciones y procedimientos a realizar a final del presente ejercicio.

Por ello, resulta preciso determinar los plazos para la tramitación de expedientes de gasto a fiscalizar e intervenir y para la remisión de la documentación contable necesaria para el registro de las operaciones propias del cierre del ejercicio, para la ordenación de pagos y realización de los mismos, así como para la concreción de distintas operaciones reguladas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Por cuanto antecede, a iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social y a propuesta de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de esta orden son de aplicación a las entidades del sistema de la Seguridad Social comprendidas en el artículo 2, apartado 1.d), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y tienen por objeto regular las actuaciones que deben realizar los órganos gestores de las citadas entidades para proceder al cierre de la contabilidad presupuestaria y no presupuestaria del ejercicio 2014.

Artículo 2. Presentación y tramitación de expedientes y documentos contables.

1. Los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las intervenciones delegadas en los servicios centrales e intervenciones delegadas territoriales (en lo sucesivo intervenciones delegadas) el día 3 de noviembre.

Los documentos A de autorizaciones de gasto tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta orden el día 14 de noviembre.

2. Los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a las intervenciones delegadas el día 25 de noviembre. Este mismo plazo se aplicará en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar en los que en un único acto administrativo se incluya aprobación y compromiso del gasto.

Los documentos D de compromiso de gasto tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta orden el día 5 de diciembre. Este mismo plazo computará para el envío de los documentos AD.

3. Los órganos gestores de las entidades sujetas a función interventora tendrán como fecha límite para el envío a intervención previa de los expedientes de reconocimiento de las obligaciones a las intervenciones delegadas el día 19 de diciembre. Este mismo plazo se aplicará en el caso de que se envíen expedientes a fiscalizar e intervenir en los que en un único acto administrativo se incluyan aprobación, compromiso del gasto y reconocimiento de la obligación.

Los documentos contables que incluyan la fase del reconocimiento de la obligación, así como el resto de documentos contables distintos a los indicados en los apartados anteriores tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de esta orden el día 30 de diciembre.

4. Se exceptúan de los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 anteriores los expedientes y documentos contables que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias, los autorizados y los aprobados por Consejo de Ministros, los que deriven del reconocimiento del derecho a prestaciones, los que sean necesarios para instrumentar las modificaciones presupuestarias y reajuste de anualidades, los que se refieren a gastos de personal, a obligaciones de ejercicios anteriores, al reajuste del IVA, los que se gestionen mediante el procedimiento de tramitación anticipada y los que generen compromisos de gastos de carácter plurianual, los derivados de los convenios formalizados con las comunidades autónomas para el control de la incapacidad temporal y los que estén derivados de las actuaciones previstas en la disposición adicional decimonovena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Del mismo modo, deben entenderse exceptuados del plazo establecido en el apartado 3 de este artículo, a efectos del envío a intervención previa, todos los expedientes de reconocimiento de obligaciones que deriven de aquellos cuya aprobación y compromiso de gasto hayan quedado exceptuados de los plazos fijados en los apartados 1 y 2 anteriores, debiendo tener entrada los correspondientes documentos contables, debidamente intervenidos y autorizados, en las oficinas de contabilidad, con fecha límite 30 de diciembre de 2014.

5. Asimismo, se exceptúan de los plazos establecidos en los apartados 1, 2 y 3 anteriores los documentos que deban expedirse para la formalización contable de las siguientes operaciones que corresponda imputar al ejercicio 2014:

a) Gastos de prestaciones por pago delegado deducido en liquidaciones de cotización.

b) Gastos en concepto de reaseguro y aportaciones a servicios comunes.

c) Impagados, retrocesiones y reintegros abonados por las entidades financieras.

d) Aplicación definitiva de los gastos e ingresos relacionados con las liquidaciones de cotización.

En estos supuestos, los órganos gestores deberán remitir los documentos contables de estas operaciones a las oficinas de contabilidad, teniendo como fecha límite de entrada en las mismas el día 6 de marzo de 2015, debiendo retrotraerse al 31 de diciembre de 2014 todos los trámites y justificantes que deriven de las referidas operaciones.

6. El último día para efectuar pagos con salida material de fondos será el 30 de diciembre de 2014, reanudándose los mismos el primer día hábil del mes de enero de 2015, para lo cual, los órganos gestores de las direcciones provinciales, así como de los servicios centrales de la Tesorería General, y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, deberán remitir a las oficinas de contabilidad, con la antelación suficiente, los documentos relativos a las órdenes y las materializaciones del pago de las propuestas efectuadas.

7. Las propuestas de pago «a justificar» expedidas con cargo a créditos del presupuesto de gastos de 2014 tendrán como fecha límite de entrada en las oficinas de contabilidad el 19 de diciembre, excepto las propuestas de pago «a justificar en el exterior» cuya fecha límite será el día 15 de dicho mes. Con cargo a dichos libramientos únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio, con las excepciones previstas en el artículo 79.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Artículo 3. Formalización de operaciones, pagos con cargo al fondo de maniobra y pagos a justificar.

1. Tanto la Tesorería General de la Seguridad Social y sus direcciones provinciales, como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social expedirán y remitirán a las oficinas de contabilidad los documentos «P», «OEP», «R» y «FRPG» que correspondan a operaciones de formalización con cargo al ejercicio de 2014, antes del cierre de las operaciones del día 30 de diciembre de 2014, excepción hecha de las operaciones relacionadas con prestaciones cuya materialización del pago se realice en el ejercicio siguiente como operación financiera de pago centralizado.

2. Las unidades administrativas responsables del fondo de maniobra deberán adoptar las medidas precisas con el fin de garantizar que todos los documentos contables relativos a pagos realizados con cargo al fondo de maniobra y su aplicación definitiva al presupuesto de gastos, queden registrados en el sistema de información contable antes del fin de la jornada del día 26 de diciembre del 2014. Efectuadas estas operaciones, no podrán realizarse con posterioridad nuevos pagos con cargo a fondos de maniobra del ejercicio 2014.

3. Las unidades administrativas responsables de la tramitación de los pagos «a justificar», deberán adoptar las medidas precisas con el fin de garantizar que los documentos contables relativos a operaciones de pagos a justificar, queden debidamente registrados en el sistema de información contable antes del fin de la jornada del día 26 de diciembre del 2014. Dichas operaciones conllevan la realización de los reintegros de las cantidades libradas a justificar que no sean invertidas en el ejercicio, de la que se exceptúan los centros asistenciales en el extranjero del Instituto Social de la Marina, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y en el artículo 2 del Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los servicios en el exterior.

De igual forma, antes del 26 de diciembre del 2014, las unidades administrativas responsables de la tramitación de los pagos «a justificar», deberán enviar a las oficinas de contabilidad la relación de los pagos efectuados en el ejercicio con fondos librados a justificar para los que a dicha fecha se encuentren pendientes de aprobar la correspondiente cuenta justificativa. Todo ello con el fin de que el gasto presupuestario quede ajustado en el ejercicio corriente con su correspondiente imputación patrimonial.

Artículo 4. Operaciones de fin de ejercicio.

Antes del 13 de febrero de 2015, los órganos gestores deberán remitir a las oficinas contables de las entidades del sistema la información detallada de las obligaciones derivadas de gastos realizados o de bienes y servicios efectivamente recibidos en el ejercicio 2014, clasificada por acreedores y epígrafes del presupuesto de gastos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto.

En los mismos términos, los órganos gestores deberán informar sobre la existencia de obligaciones que hayan sido imputadas al presupuesto del ejercicio 2014 y que, correspondiendo a gastos devengados o bienes y servicios recibidos en ejercicios anteriores, no fueron objeto de registro patrimonial en el ejercicio de origen del devengo.

De igual forma, antes de la fecha indicada, los órganos gestores deberán enviar a las oficinas de contabilidad la información relativa a la periodificación de ingresos y gastos del ejercicio.

Se excepcionan del plazo establecido aquellos gastos e ingresos asociados a la liquidación de las cotizaciones sociales cuya información será suministrada por los órganos gestores cuando tengan conocimiento de la recaudación efectiva de las cotizaciones devengadas en el último mes del ejercicio 2014.

Asimismo, los órganos gestores, antes de fin de febrero de 2015, enviarán información a las intervenciones delegadas sobre aquellos actos o negocios jurídicos cuya ejecución está condicionada a la existencia en los Presupuestos Generales del Estado de crédito adecuado y suficiente en los supuestos a los que se refiere el último párrafo del artículo 47 bis de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

La comunicación de la información a la que se hace referencia en este artículo deberá realizarse conforme a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la Seguridad Social.

Artículo 5. Obligaciones pendientes de proponer el pago procedentes de ejercicios anteriores.

Con el fin de que antes del 31 de diciembre de 2014 queden regularizados los saldos de obligaciones de ejercicios cerrados existentes en las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, que deben tener un carácter residual, los centros de gestión justificarán individualmente los saldos que se correspondan con la existencia de una obligación real, expidiéndose, cuando proceda, los correspondientes documentos «K» de propuesta de pago.

Para los casos en los que la existencia de una obligación real no quede actualmente acreditada, necesariamente habrán de expedirse los documentos contables precisos para su anulación o prescripción.

Artículo 6. Propuestas de pago pendientes de ordenación y órdenes de pago pendientes de realización.

En los centros de gestión de la Tesorería General de la Seguridad Social se procederá a revisar las propuestas de pago pendientes de ordenar y órdenes de pago pendientes de realización con más de seis meses de antigüedad y a analizar las causas del retraso, solicitando, en su caso, las aclaraciones pertinentes de los centros gestores del presupuesto de gastos.

En los casos en que hubiera transcurrido el plazo de prescripción de las obligaciones que sustentan las referidas propuestas y órdenes de pago, deberá iniciarse el correspondiente expediente de prescripción con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente para la Seguridad Social.

Artículo 7. Información a suministrar a los agentes financiadores en relación con recursos afectados a la realización de gastos específicos.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social elaborará la información a suministrar a los agentes financiadores, en relación con los recursos que, de conformidad con la normativa vigente, estén afectados a la realización de gastos específicos. La expresada información, comprensiva de los ingresos y gastos realizados y de las posiciones inicial y final resultantes, será autorizada por el Director General, y se remitirá a los agentes financiadores por conducto de la Intervención General de la Seguridad Social.

2. Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social que hayan realizado gastos con financiación afectada deberán acreditar su cuantía, mediante certificación que, autorizada por el Director General correspondiente, se remitirá a la Tesorería General de la Seguridad Social a los efectos previstos en el apartado anterior, la cual podrá solicitar de dichas entidades y servicios cuantas aclaraciones considere necesarias en relación con la imputación de gastos realizada.

Disposición adicional única. Actuaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Por la Tesorería General de la Seguridad Social se adoptarán las medidas precisas para que la información a que se refiere el artículo 2.5 de esta orden, así como toda aquella que deba suministrar al resto de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social con ocasión del cierre del ejercicio, obre en poder de los servicios que en cada caso hayan de recibirla antes del día 16 de febrero de 2015.

Disposición final primera. Facultades de aplicación y desarrollo.

Se faculta a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para dictar las instrucciones necesarias para la ejecución y el desarrollo de lo dispuesto en esta orden.

Disposición final segunda. Operatoria contable.

El registro contable de todas las operaciones contempladas en esta orden, así como de las correspondientes a la regularización y cierre del ejercicio 2014, se realizará de acuerdo con los criterios que al efecto dicte la Intervención General de la Seguridad Social, en virtud de lo establecido en el artículo 125.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 

 

 

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